El rechazo a la militarización de la guardia nacional es un paso por el camino correcto

. EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………………………………
El grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la reforma para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional.
“Reconocemos el trabajo institucional de la Corte, y el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional es un paso más hacia el camino correcto”; afirmó el Grupo Parlamentario del PRI.
El pleno de la SCJN invalidó con ocho votos la reforma promulgada en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado considera que la reforma invalidada por la SCJN permitirá retomar el camino de la reforma de 2019, y su espíritu original.
“Se evitan regresiones, transgresiones y trampas legales que violentaron el espíritu de la reforma original y regresan las cosas a su modo original”, aseguraron los senadores del PRI.
El Grupo Parlamentario del PRI presentó, en octubre del año pasado –junto con legisladores de otros partidos—una acción de inconstitucionalidad para revertir una reforma presidencial que trasladó a la Guardia Nacional a la Sedena.
Entre las consideraciones presentadas a la SCJN se estableció que el traslado de la Guardia Nacional violentaba el artículo 21 constitucional, que establece que tanto los elementos de la Guardia Nacional como su mando, sean civiles.
Además, el decreto fue emitido excediendo las atribuciones del Congreso de la Unión por cuanto a los límites de configuración de la Administración Pública Federal centralizada, y se violentaba el Régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional de 2019. El Régimen extraordinario de transición no puede convertirse en permanente.
Pero no sólo eso, sino que también se violaba la garantía de salvaguarda federal, contenida en el artículo 119 constitucional, que señala que los Poderes de la Unión deberán proteger a las entidades federativas siempre que sean solicitados por la legislatura local o por el ejecutivo estatal.
La separación del poder civil y militar se ha buscado desde la Constitución de 1857, por lo que la militarización de la Guardia Nacional, era inaceptable, aseguraron los senadores. La separación del poder civil y militar se ha buscado desde la Constitución de 1857, por lo que la militarización de la Guardia Nacional, era inaceptable, aseguraron los senadores.

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