El papel de los jueces no debe ser meros aplicadores de la norma jurídica

El papel social de los impartidores de justicia no es el de meros aplicadores de la norma, sino el de coadyuvar en los mecanismos de control y contención de los hechos antisociales, como la trata de personas, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Al poner en marcha el foro nacional Enfoques y perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas, alertó que en el juzgamiento de casos de ese ilícito debe haber un acompañamiento a la víctima, toda vez que para los jueces es imprescindible su testimonio.

Comentó que, de cualquier forma, si esto no ocurre, los jueces tienen los instrumentos legales para recabar el testimonio de las víctimas de manera anticipada, a fin de garantizar el menor riesgo de impunidad. “De lo que se trata —precisó— es de ser realmente efectivos en la sanción a este delito”.

Magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien es también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, durante el encuentro organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, planteó que la pandemia mundial agravó la situación en relación al delito de la trata de personas, al frenarse de manera súbita la actividad económica, lo que trajo consigo que muchas familias vieran mermados sus ingresos.

Desde los poderes judiciales es menester responder con todas las herramientas de la ley, puntualizó, y recordó que hacia adentro de los órganos de justicia se han implementado protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de género y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El magistrado también mencionó que el poder judicial es partícipe en el ámbito de la prevención, con la difusión activa de los temas relativos a la trata de personas; como ejemplo, citó la realización en el órgano judicial capitalino de la campaña Mañana puedes ser tú, con la que se buscó hacer conciencia sobre la potencial condición vulnerable de cualquier persona.

“Es preciso reconocer que este delito se presenta en la vida cotidiana en forma casi imperceptible, lo que hace cada vez más complicada su percepción”, subrayó.

Refrendó que el poder judicial mantiene su compromiso de ser factor de cohesión social a través de sus determinaciones. “Entendemos claramente el compromiso de trabajar por una sociedad en armonía y en paz”, planteó.

Destacó que la dimensión de la problemática en esta materia ha sido asimilada por el Estado mexicano con la generación de una legislación nacional que alienta su combate efectivo, además de que las diversas fiscalías han implementado cuerpos especiales para la investigación y persecución de este crimen.

“Ello ha permitido que se lleven ante los tribunales a importantes grupos criminales para su sanción”, comentó.

En el acto participaron el director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Juan Manuel Meixueiro; el director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mauricio Zapata, y la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, Leticia Soto Acosta, entre otros.