El gobierno está quebrado y lo quiere arreglar con reformas que afectan hasta el ahorro de los trabajadores mexicanos

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………….

Las recientes reformas en materia de infraestructura, impulsadas por Morena y sus aliados del PT y VE, no son acciones aisladas, sino parte de un rompecabezas: una estrategia derivada de la falta de recursos públicos, la caída en la inversión y el debilitamiento del crecimiento económico del país.

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez explicó que la modificación que le permite al gobierno concentrar la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), incluyendo el desarrollo de hospitales y escuelas, se suma a las reformas que permiten licitar sin contar con suficiencia presupuestal y, de manera preocupante, a la que aprueba aumentar el uso de hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores en obras.

“El gobierno no tiene dinero, no tiene inversión pública suficiente y eso está afectando gravemente el crecimiento económico. Por ello, Morena está buscando recursos de donde sea y de quien sea, sin importar las consecuencias”, afirmó Moreira Valdez durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y de los abogados Miguel Ángel Sulub y Julián Proa.

El coordinador parlamentario señaló que estas reformas buscan concentrar el poder, controlar a la población, vigilarla y disponer de sus recursos, lo que, advirtió, podría derivar en un régimen autoritario. “Se trata de un conjunto de cambios que se complementan entre sí y que tienen como finalidad avanzar hacia un modelo donde el gobierno decida todo”.

Rubén Moreira consideró que la centralización de la obra pública en la SICT dificultará la fiscalización y eliminará la capacidad de inversión directa de otras dependencias. Las demás instituciones, enfatizó, perderán su capacidad de inversión y el control se reducirá a un solo punto.

Sobre el uso de los ahorros de los trabajadores, el economista Mario Di Costanzo detalló que, con la nueva Ley de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo y el Bienestar, se permitirá que hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores se inviertan en proyectos gubernamentales, muchos de ellos de dudosa rentabilidad.

“Antes, entre 8 y 9 por ciento de estos recursos se destinaban a inversiones rigurosamente evaluadas. Hoy se abre la puerta a que una proporción mucho mayor financie proyectos del gobierno, poniendo en riesgo el ahorro de los trabajadores”, indicó el economista.

Asimismo, Di Costanzo advirtió que actualmente el 52 por ciento de los recursos de las Afores, equivalentes a aproximadamente 8.6 billones de pesos, ya se utilizan para financiar deuda gubernamental, lo que refleja una creciente presión sobre las finanzas públicas.

En materia fiscal, el especialista en finanzas alertó que la deuda pública podría alcanzar los 21.6 billones de pesos para 2027, equivalente al 55 por ciento del PIB, lo que ya ha generado preocupaciones entre calificadoras internacionales sobre una posible pérdida del grado de inversión.

Por su parte, Miguel Sulub señaló que estas reformas evidencian un problema estructural. “Las finanzas públicas están quebradas, por lo que el gobierno busca obtener recursos mediante el aumento de impuestos, el uso de los ahorros de vivienda y ahora con las A…