El gobierno estadounidense anunció no solicitará la pena capital contra el hijo El Chapo

El gobierno de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en el proceso que enfrenta en la Corte del Distrito Norte de Illinois.

La notificación, presentada por el fiscal Andrew Boutros, marca un punto de inflexión en un caso que se ha desarrollado con gran hermetismo desde que el acusado llegó a territorio estadounidense en julio de 2024 acompañado de su padrino, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a quien presuntamente secuestró.

La decisión llega en un momento clave, cuando Guzmán López mantiene conversaciones con fiscales federales para alcanzar un acuerdo de culpabilidad que podría redefinir su futuro judicial y el de la facción de Los Chapitos, el grupo que lideró junto a sus hermanos tras la captura y sentencia de su padre en 2019.

La acusación y la señal de colaboración. Joaquín Guzmán López enfrenta ocho cargos federales, entre ellos conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y distribución internacional de sustancias ilícitas, incluyendo fentanilo, heroína y metanfetamina.

Las autoridades lo señalan como uno de los operadores clave del Cártel de Sinaloa, organización que ha sido identificada por la DEA como el principal proveedor de opioides sintéticos en territorio estadounidense.

El pasado mes de febrero el gobierno de Donald Trump nombró a seis cárteles mexicanos, entre ellos al de Sinaloa, como organización terrorista extranjera; además de que ordenó a los fiscales endurecer las penas contra narcotraficantes y sus cómplices.

La narrativa en el caso de Guzmán López ha dado un giro. La fiscalía no ofreció explicaciones sobre la decisión de excluir la pena capital, pero el abogado de Guzmán López, Jeffrey Lichtman —el mismo que defendió a su padre en el juicio de 2018—, se dijo complacido.

“Es la decisión correcta”, escribió en un correo a AP, y añadió que esperan resolver los cargos “de forma favorable”.

Una comparecencia aplazada y una resolución en curso.

Desde su ingreso a Estados Unidos, Guzmán López ha evitado presentarse físicamente ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Su próxima audiencia está programada para el 2 de junio, aunque no se descartan nuevas modificaciones, como ha ocurrido en sesiones anteriores o bien en el caso de su hermano Ovidio Guzmán.

El Departamento de Justicia ha reconocido, en documentos entregados a la corte, que ambas partes exploran una “resolución global”, lo que indicaría un acuerdo que abarque no solo este caso en Chicago, sino también otros procedimientos abiertos, incluyendo una causa pendiente en el Distrito Sur de Nueva York.

Los antecedentes de cooperación judicial en casos similares permiten anticipar que si se concreta un acuerdo, Guzmán López podría declararse culpable de algunos cargos a cambio de una sentencia menor y convertirse en testigo clave en procesos contra otros líderes criminales. Estos beneficios pueden incluir una reclusión en instalaciones especiales, reducción sustancial de la condena y protección federal.

Pese a estar incluido en la ofensiva legal contra Los Chapitos iniciada por el Departamento de Justicia en 2023, Joaquín Guzmán López es señalado principalmente como facilitador logístico y financiero dentro de la red del Cártel de Sinaloa, sin que hasta ahora enfrente acusaciones más graves como sus hermanos.

Esa diferencia también se reflejaba en las recompensas ofrecidas por su captura: mientras que por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 10 millones de dólares, por Joaquín —al igual que por su hermano Ovidio— la cifra era de 5 millones de dólares, según el programa de recompensas del Departamento de Estado.

¿A qué condena podría enfrentarse?

Con la pena capital descartada, Joaquín Guzmán López podría enfrentar una condena de cadena perpetua o una sentencia reducida si se concreta un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. De ser hallado culpable por todos los cargos federales —que incluyen tráfico de fentanilo, lavado de dinero y conspiración criminal— las penas acumuladas superarían los 40 años de prisión, con posibilidad de reclusión de por vida bajo el sistema federal estadounidense.

Si formaliza su cooperación con el Departamento de Justicia y se convierte en testigo en otros procesos —como el juicio pendiente contra El Mayo Zambada en Nueva York— su defensa podría invocar la Sección 5K1.1 del Manual Federal de Sentencias, que permite reducir sustancialmente una condena cuando el acusado proporciona información útil y verificable que contribuya a otras investigaciones criminales.

En ese escenario, Guzmán López no solo evitaría una sentencia perpetua, sino que podría acceder a condiciones penitenciarias menos severas e incluso a un eventual programa de protección de testigos, como ha ocurrido en otros casos de narcotraficantes cooperantes.

El caso Ovidio: mismo camino, diferente ritmo. El caso de Joaquín ocurre en paralelo al de su hermano, Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, quien también fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego. A diferencia de Joaquín, Ovidio ya alcanzó un acuerdo con la fiscalía y se espera que el próximo 9 de julio se declare formalmente culpable ante una corte de Chicago.

Ambos casos muestran una estrategia legal coordinada entre los hermanos, quienes comparten equipo de defensa y enfrentan procesos similares.

Cabe apuntar que hace un par de semanas al menos 17 familiares de los Guzmán López ingresaron recientemente a Estados Unidos como parte de un mecanismo de protección vinculado, extraoficialmente, a estas negociaciones judiciales.