El fraude histórico de ruta-100 los trabajadores son engaños

. BLAS A. BUENDÍA. …………………………………………….

Después de la quiebra de Ruta-100, registrado el 8 de abril de1995, se tuvo más de un año de resistencia, se logró firmar un convenio político donde liquidaban a los trabajadores de la empresa paraestatal, a un 72% quedando un 28% para ser susceptibles a concesiones.

Cuando se liquidaron los trabajadores con engaños de que iban hacer socios de las empresas que en el futuro inmediato se conformarían; y que los trabajadores iban a estar mejor cuando pertenecieron a la R-100, contarían con un trabajo sólido, con reparto de utilidades y que con el dinero que aportaron, iban a tener intereses. Nunca de eso, existió, denunció la Comisión Liquidadora.

Todo ello, sin embargo, conllevó a un sistemático engaño, cuando los trabajadores decidieron dejar un 30% de su liquidación laboral de la R-100; “en total, cada compañero trabajador aportó el 58% de su liquidación laboral para conformar las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), la cual administra el servicio del Metrobús de la capital hasta hoy en día.

La conjetura mostró su rostro fraudulento en el sentido: “Aquí preguntamos al gobierno, a los jueces y magistrados, al pueblo de México: ¿de quiénes son las empresas de GMT, cuando los trabajadores inversionistas de Ruta-100, aportaron sus patrimonios para constituir esta empresa?”

Con las cantidades aportadas por los trabajadores inversionistas se creó un fondo económico con un capital de 172,934,552.00 (ciento setenta y dos millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) a efecto de crear el Fideicomiso F/100-7 en Banco IXE.

Mediante el contrato de fecha 24 de junio de 1996, cuyos fines son la administración e inversión para la creación de empresas productivas para prestar servicio de transporte público de pasajeros, en las cuales deben participar todos y cada uno de los aportantes al Fideicomiso F/100-7

Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de cinco empresas para los trabajadores inversionistas de la ex Ruta-100, denominadas: Servicio Metropolitano de Transporte 17 de marzo; Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo; Transportes Urbanos Nuevo Milenio; Sistema de Transporte en Taxis; y Talleres Industriales en Diésel.

La empresa tiene a sus servicios tres líneas del Metrobús: eje 4 Sur-Xola; Insurgentes Sur y Norte-El Caminero; y Montevideo-Aragón, así como 45 rutas más en el Grupo Metropolitano del Transporte con cerca de 550 autobuses y 200 Metrobuses articulados, redituándoles ganancias superiores a los 200 millones de pesos mensuales, cuyo botín es compartido entre cómplices y corruptos funcionarios locales.

Los trabajadores de R-100, auténticos inversionistas de las empresas del GMT, llevan más de 29 años que invirtieron su dinero para ser socios en las empresas citadas que hasta la fecha, no han recibido ningún peso de ganancias ni tampoco han sido reconocida como socios de las empresas del GMT.

Desde 2001, 2002 y 2003 se promovieron denuncias penales que se iniciaron en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia-CDMX, en lo que corresponde a Fiscalía de Delitos Financieros, donde están registradas tres averiguaciones previas: FDF/C/520/07-01 y sus acumuladas FDF/C/135/02-03 y FDF/C/183/03-02, por los delitos de Fraude Administración Fraudulenta y lo que resulte, cometidos en agravio de 12,004 ex choferes por parte de sus dirigentes Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y otros.

Estas denuncias penales fueron originadas por los desaparecidos Jorge Cuellar Valdez, Felipe Domínguez Correa y otros compañeros en los años mencionados después de los despidos masivos que sufrieron muchos trabajadores de las empresas de GMT, solo por demandar rendición de cuentas claras y transparentes a la administración contratada por Ricardo Barco López. En las denuncias penales se nombraron como representantes comunes a Raúl de Los Santos Hernández, Efrén Romero Reyes y Pedro Álvarez Hernández.

En tiempo y forma, conforme a las denuncias judiciales promovidas, agentes de la Policía de Inteligencia de la Ciudad de México, capturaron al principal defraudador financiero, Ricardo Barco López, quienes manipulaba a 43 involucrados.

Fue detenido el 22 de mayo de 2024, después de 29 años de evadir la justicia, siendo acusado de haber defraudado a más de 12 mil empleados de la extinta línea de transporte público Ruta 100, y se le imputó el delito de Administración Fraudulenta.

La captura de Barco López se produjo en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez que lo requirió para determinar su situación legal, aunque su familia alegaba que "es víctima de una aprehensión arbitraria", la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostuvo que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde 1995, es decir, aproximadamente 30 años de andar prófugo de la justicia.

Barco López es acusado de haber recaudado dinero por concepto de finiquitos y liquidaciones de los trabajadores de la Ruta 100, pero en lugar de ingresarlos a la AFORE de IXE BANCO, los transfirió a cuentas bancarias de terceros, lo que generó una defraudación de más de tres mil millones de pesos. Si bien su familia aseguraba que "él no manejó dinero", la evidencia sugiere todo lo contrario.

Es importante destacar que la detención de Barco López es solo el comienzo de una serie de investigaciones y detenciones relacionadas con la corrupción en la Ruta 100. El conflicto de R-100 se caracterizó por una serie de factores que contribuyeron a su prolongación y complejidad.

El SUTAUR-100 reiteró su exigencia al gobierno de la Ciudad de México, la RDP (Reparación del Daño Patrimonial) de Estado ocasionado a los trabajadores inversionistas de la ex Ruta-100, por la omisión y negligencia mostrada durante más de 29 años para resolver el conflicto.

En cualquier caso, es importante recordar que la lucha de los ex trabajadores de la Ruta 100, no es solo una cuestión de justicia laboral, sino también una cuestión de derechos humanos y de dignidad.

Es fundamental que se continúe la lucha por la justicia y la reparación de daño sea una realidad para los ex trabajadores de la Ruta 100, y que se busquen formas de mantener vivo el movimiento y defender los derechos de los ex trabajadores, concluyó la Comisión Liquidadora.