El fortalecimiento de la soberanía y la nacionalidad responsabilidad

RICARDO MONREAL AVILA. …………………………

Evitar conflictos de interés, de lealtad y de identidad nacional es el propósito de la Iniciativa presidencial que impide la múltiple nacionalidad a quienes aspiren a cargos de Representación Ejecutiva en México, puesto que se trata de responsabilidades públicas cuya función esencial consiste en cuidar, proteger y preservar la soberanía nacional.

Diversos preceptos constitucionales y legislaciones de otras latitudes, como Asia, Europa y América reservan los altos cargos ejecutivos de representación popular, los relacionados con el ejercicio de las Fuerzas Armadas e incluso los diplomáticos a quienes poseen exclusivamente la nacionalidad del país que representan.

Esta condición puede adquirirse por Nacimiento, por Naturalización o mediante la renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad, cuando corresponda.

Dentro del Derecho Comparado, esta exigencia está lejos de ser excepcional. México se incorporaría a una corriente adoptada por democracias consolidadas y naciones emergentes para impedir la doble lealtad.

En todos los casos se pretende prevenir conflictos de interés reales o aparentes al tomar decisiones que incidan en las relaciones bilaterales, la seguridad nacional o la integridad territorial.

Quien suscribe Tratados, ordena el uso de la fuerza pública o representa al Estado en el exterior no puede estar sujeto, ni siquiera simbólicamente, a dos soberanías.

Debe precisarse que la Iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum no elimina ni desconoce la multinacionalidad ya prevista en nuestra legislación. Esta condición es propia de países como México, que en materia migratoria es nación de origen, destino, tránsito o retorno y tiene como propósito constitucional esencial la protección de los Derechos Humanos Universales.

Tampoco existe vulneración de Derecho Humano o Civil alguno, pues la persona obligada a cumplir la ley conserva la voluntad y la libertad de decidir si renuncia a la otra nacionalidad o a las demás que pudiera poseer.

En términos concretos, la Iniciativa plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una Gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatas o candidatos.

La propuesta busca modificar los Artículos 82, 116 y 122 Constitucionales. Los antecedentes históricos son los siguientes:

El régimen constitucional mexicano vinculó, tradicionalmente, la nacionalidad con un principio de exclusividad.

La gran transformación ocurrió con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.

La reforma respondió fundamentalmente a la realidad de millones de mexicanas y mexicanos que habían emigrado al extranjero y que podían adquirir otra nacionalidad.

El objetivo fue evitar que una persona mexicana por nacimiento perdiera su nacionalidad por adquirir una del extranjero.

Por ello, dispuso que la nacionalidad mexicana por nacimiento no se perdería por adquirir otra nacionalidad, protegiendo así el vínculo jurídico de las y los mexicanos con el país aun cuando residieran permanentemente en el extranjero.

Actualmente, más de 11 millones de personas nacidas en México viven en otros países y son susceptibles de poseer múltiples nacionalidades (sin contar a los 30 millones de personas que tienen ascendencia mexicana, en la amplia diáspora de la mexicanidad). Ninguna de ellas resultará afectada por la Iniciativa. Solo impactará a quienes quisieran aspirar a una candidatura, a la titularidad de la Presidencia de la República, a una Gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Es decir, a un 0.0001 % de las y los mexicanos con multinacionalidad.

La Iniciativa recupera un principio republicano que México dejó de exigir hace casi tres décadas, consistente en que quien aspire a custodiar la soberanía nacional debe mantener una sola lealtad jurídica. Se trata de una condición de coherencia institucional, ajena a cualquier pretensión de pureza nacionalista o expresión xenófoba.

La reforma de 1997 hizo justicia a millones de connacionales arraigados en el extranjero, al permitirles adquirir otra nacionalidad sin perder la propia. Ese acierto permanece intacto. La propuesta actual distingue entre la multinacionalidad como derecho civil legítimo y la lealtad exclusiva que demandan las más altas responsabilidades ejecutivas.

Los derechos de la diáspora y su participación en la vida nacional quedan a salvo. El requisito, reitero, se limita a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que deberán acreditar una nacionalidad única antes de registrarse. Al recaer únicamente en el reducido número de personas que contienden por esos cargos, su alcance poblacional será mínimo.

La renuncia tampoco es forzosa. Cada persona podrá conservar otra nacionalidad, aunque con ello quedará impedida para contender por esos cargos. La restricción es general y proporcional, y responde al mandato del artículo 39 constitucional de preservar la independencia y la soberanía nacionales.

La medida tampoco representa un retroceso conservador. Frente a redes transnacionales de ultraderecha, financiamientos opacos y discursos de odio, impedir cualquier ambigüedad de lealtad en la cúspide del Poder Ejecutivo constituye una previsión republicana ante posibles injerencias extranjeras.

Si se pregunta por la dedicatoria de la Iniciativa, la respuesta es clara. Está dirigida al fortalecimiento de la soberanía nacional.

ricardomonreala@yahoo.com.mx      X: @RicardoMonrealA