El Estado mexicano debe hacer frente a desaparición de personas en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publica el informe “Desaparición de Personas en México”, cuyo objetivo es dar cuenta de los avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado mexicano para hacer frente a la crisis humanitaria de desaparición de personas en el país desde el 2018.

El informe aborda los esfuerzos que realizan personas, familias y colectivos que buscan a sus seres queridos, y que luchan por verdad y justicia, a quienes reconoce su ardua labor.

Asimismo, el informe releva las distintas políticas e iniciativas impulsadas por el Estado para prevenir, buscar, investigar, sancionar y reparar estos hechos, con 40 recomendaciones para procurar su fortalecimiento.

Al cierre de su informe, a junio de 2025, se contaban más de 128 mil personas desaparecidas y conteos independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

En su informe, la CIDH refiere que la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, al crimen organizado. Sin perjuicio de lo anterior, las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido del todo erradicadas: se documentan en el informe varios casos en que estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas.

Se evidencian las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.

También impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito. El informe presenta algunas cifras disponibles al tiempo que reconoce las dificultades vinculadas con los registros oficiales.

La Comisión advierte que la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias.

A pesar de esfuerzos recientes en el acceso a la justicia, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, estos aún son limitados frente a la magnitud del fenómeno.

Se establecen una serie de desafíos en torno a la alta carga procesal, deficiencias de procedimiento, y en cuanto a las técnicas de investigación conducidas por órganos de procuración de justicia, que incluyen, entre otros, la falta de formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados.

Así también se identifican desincentivos y el miedo en la interposición de denuncias, o una inversión de la obligación de investigación hacia las familias. La Comisión plantea que varios de estos retos son subsanables si se recupera la centralidad de las víctimas y sus familias.

Respecto de la búsqueda, la CIDH valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos, e identifica graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras. La Comisión pondera la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde el 2020, aunque señala la persistencia de desafíos en la coordinación entre las entidades de búsqueda y las de procuración de justicia.

En términos de identificación humana, a criterio de la CIDH, los esfuerzos han tenido una efectividad muy limitada. El informe puntualiza que se requiere el fortalecimiento de los centros de identificación para mejorar su funcionamiento, que incluya la aplicación de un enfoque masivo de identificaciones.

En materia de atención, rehabilitación y reparación, la Comisión valora positivamente la creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

A su vez, el informe deja constancia de la preocupación de las organizaciones sobre la capacidad operativa y administrativa de las comisiones locales de atención a víctimas, así como de los prolongados tiempos de espera para acceder a apoyos destinados a necesidades inmediatas.

Las recomendaciones abarcan medidas para evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales; para abordar la búsqueda inmediata diferenciada de personas, así como la investigación y sanción.

Asimismo, la implementación del enfoque masivo en la identificación humana, la coordinación interinstitucional e interoperabilidad de registros y bancos de datos, y el resguardo y entrega digna de cuerpos.

También, el acceso efectivo a apoyos económicos para las familias buscadoras y el abordaje de iniciativas de memoria, verdad y justicia sobre desapariciones del pasado y del presente, incluida la colaboración de instituciones de seguridad e inteligencia en la provisión de información. Finalmente, la CIDH reitera su disposición a prestar asistencia técnica para su implementación.