El Combate a la corrupción servicio público, prioridad de la actual administración

La Fiscal General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, informó que hasta el momento se tienen 23 carpetas de investigación contra 35 ex funcionarios públicos de la anterior administración del Gobierno capitalino, quienes se presume pudieron haber desviado mil 588 millones de pesos.

En reunión de trabajo virtual con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, encabezada por el diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), Godoy Ramos lamentó que se esté frente a los hechos de corrupción más grandes de la ciudad, ocurridos durante la pasada administración, y que alcanzaron posibles desvíos de miles de millones de pesos.

Es por ello –dijo—que se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la misión de combatir este flagelo en el servicio público para acabar con la impunidad. “De esta manera se dará especial atención a la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos”, puntualizó.

Por otra parte, destacó la paulatina reducción de delitos de alto impacto en la ciudad, de tal manera que de 2018 a 2019 estos crímenes descendieron 15 por ciento, mientras que en 2020 hubo una disminución mayor; no así, la violación sexual, que fue la única transgresión que aumentó en 3.9 por ciento.

En contraste, los delitos de bajo impacto presentaron un mayor porcentaje de incidencia delictiva, al iniciarse del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 un total de 165 mil 955 carpetas de investigación, donde el robo sin violencia a negocio se posicionó como la principal infracción.

Durante la ronda de participaciones y al referirse al tema de combate a la corrupción, el legislador Ricardo Ruiz Suárez (MORENA), aseveró que se debe tener un plan para atacarla, y sobretodo que no queden impunes los delitos cometidos en esa materia.

En ese tenor, felicitó a la fiscal Ernestina Godoy “por este paso que se dio al presentar ante la Cámara de Diputados, la solicitud del juicio de procedencia en contra del diputado federal, Mauricio Toledo”, dijo.

Por su parte, la diputada Jannete Guerrero Maya (PT), expresó su preocupación respecto a que no han disminuido los índices de violencia familiar, por lo que cuestionó: “¿Qué hace falta para un combate frontal a este flagelo, y cómo podemos contribuir desde el Congreso para prevenirlo?”.

En este sentido el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), expresó su preocupación respecto a que el porcentaje de denuncias por violencia al interior del seno familiar casi alcance el porcentaje de los delitos de alto impacto, por lo que deseó conocer cómo se presentaron las denuncias, “lo anterior para determinar los mecanismos que permitan brindar mayor atención a las personas denunciantes y/o las víctimas”, dijo.

A su vez, el legislador Tonatiuh González Case (PRI), se congratuló por la incorporación de profesionales de atención a víctimas en los Centros de Atención para las Mujeres; y de que la violencia en contra de este grupo poblacional se aborde en sus diversas variantes como son violencia en pareja, sexual, económica, psicológica, digital, laboral y política.

Por su parte, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje (sin partido), deseo conocer cuál es el porcentaje de avance en la transformación de los módulos a Unidades de Atención Temprana, cuáles son sus metas y plazos específicos para lograr el cambio total.

Al hacer uso de la voz el legislador Jorge Gaviño Ambriz (PRD), aseveró que “en la ciudad existe el crimen organizado y esto hay que decirlo con honestidad y con valor, para que, dentro de los programas y los planes, también se prevea los efectos del crimen organizado y la forma de atacarlo”.

Al hablar sobre los cambios estructurales de la Fiscalía, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), aseguró que ya se ven los avances de la transición de la Procuraduría a Fiscalía, y preguntó cuál será la fecha para concluir el proceso y en qué puede ayudar el Congreso para ello.

En tanto, la legisladora Martha Ávila Ventura (MORENA), reconoció el trabajo coordinado entre la Fiscalía, el gobierno central y el de las 16 alcaldías, que ha “logrado apuntalar la procuración de justicia en nuestra ciudad, además de que ha dado respuesta a las víctimas e imputados de manera oportuna, lo que ha permeado en el ánimo y confianza de la ciudadanía”, consideró.

Finalmente, la diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA), se refirió al índice delictivo en la alcaldía Magdalena Contreras, donde se han incrementado los homicidios cometidos en los hogares, los robos, feminicidios, violaciones y extorsiones cometidas por personas extranjeras.