El caso de Nahuatzen considera la protección de los derechos indígenas.

La Alianza por la Libre Determinación y Autonomía de los pueblos exhorta a las y los ministros de la SCJN a deliberar en torno al caso de José Luis y José Antonio con una perspectiva diferenciada y enfocada en la protección y promoción de los derechos de todas las comunidades indígenas en nuestro país. La Alianza por la Libre Determinación y Autonomía refrenda su apoyo a José Luis y José Antonio, pues no solo han defendido a la comunidad de Nahuatzen, también han alzado la voz por los pueblos indígenas en México. Los pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República que luchamos por la autonomía, la defensa de la vida y la madre tierra y que integramos la ALDEA (Alianza por la libre Determinación y Autonomía), expresamos nuestro apoyo a los compañeros José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, cuya libertad será discutida por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, mañana 9 de febrero, discutirán y votarán su caso, a dos años de la privación arbitraria de su libertad en represalia por defender la autonomía de la comunidad de Nahuatzen, en el estado de Michoacán. Hacemos hincapié a las y los ministros que, el caso de nuestros compañeros, además de implicar múltiples violaciones a sus derechos humanos como individuos, implica también una vulneración importante a los derechos que tenemos todas las comunidades y pueblos indígenas por defender nuestra tierra y nuestro territorio. Su decisión no solo repercute en sus vidas y en la vida de quienes integran la comunidad de Nahuatzen, sino también en el futuro de los derechos de los pueblos indígenas en México y, así como ellos han defendido su libertad, hoy nosotros alzamos la voz por ellos. Nuestro país vive una importante crisis en cuanto a la criminalización y violencia a la que estamos expuestas y expuestos quienes defendemos al medio ambiente y a nuestras comunidades, por lo que exhortamos al órgano máximo de justicia en México a sentar un precedente a través de su decisión que recuerde al Estado mexicano y al ejecutivo sus compromisos en materia de protección a los pueblos indígenas. En el marco de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, en los que el Estado se comprometió a reconocer nuestros derechos, incluyendo la autonomía de los pueblos indígenas, y a atender las demandas en materia de justicia; recordamos que la población indígena en nuestro país es un actor cuyos aportes políticos sociales, culturales, ambientales son invaluables. Es inaceptable que, a 24 años de este compromiso, se nos siga criminalizando por proteger y continuar dando estos aportes a la sociedad, en ejercicio pleno de nuestra libertad.