El abuso de lenguaje técnico en las audiencias por fiscales, defensores y jueces, aleja la justicia ciudadanía

ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ. ………………………….

En el contexto de las próximas elecciones de personas juzgadoras por voto popular, México Evalúa presentó la cuarta edición del estudio “Calidad de la Justicia, Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales para el Fuero Federal”, como parte de la serie “Hallazgos: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México”.

Este esfuerzo tiene como objetivo evaluar la calidad de la justicia cotidiana que reciben las personas involucradas en un conflicto penal, con especial atención a la protección de sus derechos humanos durante el proceso.

El reporte se enfoca en el desempeño en audiencia de actores clave del sistema penal acusatorio —Ministerio Público, defensa, jueces y asesoría victimal—, y en qué medida sus actuaciones se apegan a las normas procesales y a los derechos humanos.

Entre los actores evaluados, el mejor desempeño fue el de las personas juzgadoras, seguidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y, en último lugar, las personas defensoras.  Los principales hallazgos del estudio reflejan áreas críticas de mejora en el funcionamiento del sistema penal federal:

Los procesos se alargan por diferimientos frecuentes y audiencias fuera de plazo.

Las defensas, públicas y privadas, muestran carencias técnicas, producto del desconocimiento de reglas procesales y técnicas de litigación.

El uso excesivo de la lectura entorpece la dinámica oral sin control judicial.

Jueces y fiscales usan lenguaje técnico que dificulta la comprensión de las partes.

La prisión preventiva oficiosa se aplica sin considerar estándares internacionales.

La FGR desaprovecha el periodo de investigación complementaria.

Casos complejos terminan en absoluciones por fallas probatorias atribuibles a la FGR.

En esta edición, por primera vez, se analizaron seis causas penales completas tramitadas en el fuero federal, desde la audiencia inicial hasta el juicio oral. Los delitos observados incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de vehículo, secuestro exprés, portación de arma de fuego de uso exclusivo y delitos contra la salud.

Uno de los aportes clave del estudio es su enfoque en la protección legal reforzada, un estándar que obliga a las autoridades a garantizar el ejercicio pleno de derechos a personas en situación de vulnerabilidad —como mujeres, menores, migrantes e integrantes de comunidades indígenas—. No obstante, en esta edición sólo uno de los casos analizados incluyó la participación de una persona indígena, lo que limitó la aplicación completa de esta dimensión.

Entre las principales recomendaciones del estudio se encuentran:

Asegurar que las víctimas sean notificadas y asistidas por un asesor jurídico desde el inicio del proceso penal.

Garantizar una defensa técnica adecuada para personas imputadas ante deficiencias de la defensa designada.

Utilizar un lenguaje claro y comprensible para víctimas e imputados en todo el proceso.

Incluir en la sentencia cualquier omisión de la asesoría jurídica o del Ministerio Público que haya afectado el fallo.

Homologar el formato y contenido de las sentencias de primera instancia.

Revisar y agilizar la programación de audiencias intermedia y de juicio oral para evitar prolongar los procesos de manera excesiva.

Evaluar la frecuencia e impacto del diferimiento de la audiencia intermedia.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, a cargo de la realización de este estudio, señaló que en el contexto de la reforma judicial es fundamental dar seguimiento a lo que sucederá en las audiencias con los nuevos jueces electos por voto popular: ”Ahora más que nunca debemos observar audiencias y sentencias para valorar si esta reforma contribuye o no a la calidad de la justicia”.

Con este reporte, México Evalúa reafirma su compromiso con la transparencia y la mejora del sistema de justicia penal, proporcionando herramientas de análisis que permiten identificar buenas prácticas y áreas prioritarias de intervención para fortalecer el acceso a una justicia efectiva, equitativa y con perspectiva de derechos humanos.