Diputados oficialistas hacen el “trabajo sucio” de Clara Brugada y cargan más cobros a quienes menos tienen: Ricardo R.

El Diputado local del PAN Ricardo Rubio Torres acusó a la mayoría oficialista del Congreso de la Ciudad de México de hacer el “trabajo sucio” del Gobierno de Clara Brugada al aprobar nuevas cargas económicas para las personas usuarias de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), entre ellos determinados scooters y bicicletas eléctricas.

Durante la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda —de la cual Rubio Torres es secretario—, el legislador votó en contra de las reformas a los artículos 224 y 229 del Código Fiscal capitalino, aprobadas por 40 votos a favor y 15 en contra, mediante las cuales se incorpora a los VEMEPE al régimen de derechos por servicios de control vehicular y a las licencias A1 y A2.

Rubio cuestionó especialmente el momento elegido para modificar el Código Fiscal, cuando faltan apenas unos meses para que el Gobierno capitalino remita al Congreso el Paquete Económico para 2027, que deberá contener precisamente la propuesta integral de Código Fiscal para el próximo ejercicio.

“¿Cuál era la urgencia de modificar hoy el Código Fiscal si en unas semanas estaremos discutiendo el del próximo año? La respuesta política es muy sencilla: Clara Brugada no quiere cargar directamente con el costo de imponer estos cobros. Le deja el trabajo sucio a sus diputados para que sean ellos quienes levanten la mano y después el Gobierno pueda deslindarse del costo político”, señaló.

El legislador sostuvo que la discusión promovida por Morena sobre si los cobros constituyen técnicamente “impuestos” pretende desviar el fondo del asunto.

“Nos pueden dar una clase de derecho fiscal y decirnos que jurídicamente son derechos y no impuestos. Lo sé perfectamente. Impuestos, derechos y contribuciones tienen naturaleza jurídica distinta.

Pero para la familia que tiene que sacar dinero de su bolsillo porque el Gobierno decidió cobrarle para poder utilizar el vehículo que ya compró, el resultado económico es exactamente el mismo: tiene que pagar más”, afirmó.

Rubio puso como ejemplo el caso de una persona que adquiere un scooter eléctrico económico de alrededor de 3 mil 500 pesos. Con las cuotas aprobadas, el alta vehicular tiene una tarifa de 709 pesos y, aplicando la reducción del 50 por ciento prevista para estos vehículos eléctricos, representa 354.50 pesos.

A ello habría que sumar, cuando corresponda tramitarla, una licencia A1 de 572 pesos. El desembolso inicial ascendería así a 926.50 pesos, equivalente al 26.5 por ciento del precio de un vehículo de 3 mil 500 pesos.

Y el impacto puede ser todavía mayor. Si por las características del vehículo o la licencia requerida corresponde una A2, cuyo costo es de mil 142 pesos, alta y licencia sumarían mil 496.50 pesos: el 42.8 por ciento del valor de ese mismo scooter.

Es decir, la burocracia necesaria para ponerlo en regla puede representar desde más de una cuarta parte hasta más de cuatro de cada diez pesos de lo que costó adquirir el propio vehículo.

“Eso es lo que Morena no quiere explicar. A una persona que hace un esfuerzo para comprar un scooter de 3 mil 500 pesos porque no tiene 300 o 400 mil para un automóvil, el Gobierno le puede exigir cientos o incluso más de mil pesos adicionales para poder circular legalmente.

¿Cuál es el beneficio directo que recibe a cambio? ¿Cuánto de ese dinero se destinará específicamente a seguridad vial? ¿Cuántos accidentes se pretende reducir? ¿Qué infraestructura adicional se construirá? ¿Qué indicador concreto de seguridad, movilidad o salud pública mejorará gracias a estos cobros? Eso es lo que deberían explicar antes de extender la mano para cobrar”, señaló Rubio.

A ello se agregan otros conceptos previstos en el esquema de control vehicular: alrededor de 470 pesos por refrendo, 325 pesos por reposición o cambio de propietario, 300 pesos por permiso para circular sin placa o tarjeta y 490 pesos por baja, según el trámite correspondiente.

El legislador destacó además una contradicción central: el propio dictamen fiscal aprobado establece el tratamiento de los servicios administrativos relacionados con los VEMEPE, pero no sustituye las normas de circulación ni establece nuevas reglas de seguridad vial.

“Entonces no confundamos las cosas. Una cosa es regular para proteger vidas y otra muy distinta es cobrar. Si quieren hablar de seguridad vial, discutamos infraestructura, reglas de circulación, casco, velocidades, convivencia con peatones y ciclistas y prevención de accidentes. Pero aprobar cobros no equivale, por sí mismo, a hacer más segura una calle”, sostuvo.

Rubio Torres enfatizó que Acción Nacional no se opone a establecer reglas de seguridad vial, identificar vehículos ni ordenar la convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de nuevas formas de movilidad, sino a utilizar esa regulación como una nueva fuente de cobro.

“Regular no significa recaudar. Seguridad vial no es sinónimo de meterle la mano al bolsillo al ciudadano”, sentenció.

El Diputado por Coyoacán señaló además que la medida tiene un componente regresivo, pues una parte de quienes recurren a scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos de micromovilidad lo hacen precisamente como una alternativa más económica frente al automóvil particular y a los costos asociados a éste.

“¿A quién terminan golpeando? Al joven, al trabajador, al repartidor, a quien encontró en una bicicleta o en un scooter eléctrico una forma más accesible de trasladarse. Primero paga el vehículo y ahora el Gobierno le dice: págame también placas, trámites y licencia. Eso no es incentivar la movilidad sustentable; es encarecerla”, sostuvo.

Rubio recordó que durante la sesión denunció desde tribuna la voracidad recaudatoria de la mayoría oficialista: “Hasta acá se escucha el rugido de tripas de cómo quieren ensangrentar al ciudadano”, expresión que fue recogida por medios de comunicación tras el debate.

Finalmente, el secretario de la Comisión de Hacienda advirtió que estará particularmente atento al Paquete Económico 2027 que envíe la Jefatura de Gobierno.

“Desde Hacienda vamos a revisar peso por peso y artículo por artículo. No vamos a permitir que bajo eufemismos fiscales se siga cargando sobre los ciudadanos el costo de un gobierno que siempre encuentra una nueva manera de cobrar, pero no necesariamente una mejor manera de gobernar.”