Diputados en el poder se niegan combatir delincuencia organizada

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………

Una vez más los diputados de Morena y sus aliados del PT y VE, le dan la espalda a los ciudadanos que supuestamente confían en ellos, y ahora se niegan a combatir a la delincuencia organizada al negarse incluir en el PLA “B”, cancelar una elección o desaparezca un partido político si se comprueba financiamiento del crimen organizado.

Lo único que han hecho es defender la llamada “Ley Maduro”, que busca controlar al árbitro electoral, eliminar la pluralidad y mantener la puerta al dinero ilícito en la política.

En México, la pérdida de registro de un partido político por nexos con el narcotráfico fue un tema de debate intenso y una exigencia activa por parte de la oposición y la misma ciudadanía, pero no existe una norma automática que garantice la cancelación del registro únicamente por presuntos vínculos.

Aunque se ha presentado una reforma electoral, se ha señalado que la propuesta gubernamental no contempla filtros estrictos para impedir candidaturas con presuntos vínculos criminales.

Enfoque en la fiscalización: La estrategia planteada hasta ahora se centra más en la fiscalización de recursos y la prohibición de donaciones en efectivo, más que en la extinción automática del partido por nexos delictivos.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México votó en contra de la minuta del denominado “Plan B” de reforma electoral, al considerar que debilita la democracia, no atiende los problemas reales del sistema electoral y abre la puerta a riesgos como la injerencia del crimen organizado.

 Durante la discusión en el pleno, las y los Diputados del GPPAN coincidieron en señalar que esta propuesta no constituye una verdadera reforma electoral, sino un intento de control político desde el poder.

 Durante su posicionamiento, el Diputado Ricardo Rubio sostuvo que la minuta “no es una reforma electoral, sino un mecanismo de control político vía presupuesto”, cuestionando la falta de medidas para combatir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

 El panista advirtió que la reducción presupuestaria a instituciones electorales “no fortalece la democracia, la hace más vulnerable”, y calificó la política de austeridad como un “austericidio” que debilita las capacidades técnicas del sistema electoral.

Asimismo, señaló que la iniciativa presenta inconsistencias y no genera ahorros reales, además de que pone en riesgo principios como la pluralidad y la equidad.

 Por su parte, el legislador Raúl Torres expresó el rechazo del GPPAN al “Plan B”, al considerar que forma parte de una serie de intentos del oficialismo por debilitar la democracia.

 En su intervención como Diputado Migrante, lamentó que la reforma ignore a la comunidad mexicana en el exterior: “no se ha facilitado la participación desde el extranjero ni se garantiza una representación real a nivel federal”.

 Subrayó la importancia de reconocer a la diáspora como un actor clave en la vida política y económica del país, y criticó la falta de voluntad para incorporar sus demandas en la legislación.

 En tanto, la Diputada América Rangel calificó el “Plan B” como “un rotundo fracaso” y afirmó que tanto esta propuesta como su antecedente buscaban “manipular las reglas del juego para mantenerse en el poder”.

 Señaló que la iniciativa evidenció la intención del oficialismo de alterar el sistema electoral ante la posibilidad de perder apoyo ciudadano, y sostuvo que “la democracia no se rinde” frente a estos intentos.

También criticó el papel de partidos aliados y de otras fuerzas políticas, a quienes acusó de no actuar como un verdadero contrapeso.

La Diputada Claudia Pérez advirtió la minuta enviada por el Ejecutivo Federal no constituye una reforma de fondo, sino un ajuste con riesgos políticos que deja fuera problemas centrales como la intervención del crimen organizado, el financiamiento ilícito y la protección del voto libre.

Subrayó que la democracia no puede reducirse a criterios de austeridad, sino que requiere equilibrio de poderes, instituciones sólidas y pleno respeto a la libertad de expresión, alertando sobre el riesgo de concentración del poder.

“La democracia no es un trámite, es un compromiso. Y hoy ese compromiso nos exige no acompañar una reforma incompleta y regresiva que debilita instituciones, genera incertidumbre y no garantiza elecciones libres, seguras y equitativas”.

En su participación, la Diputada Laura Álvarez advirtió que la reforma representa “un retroceso democrático” y denunció que su aprobación acelerada responde a intereses políticos y no a una mejora institucional.

 Afirmó que la reforma “abre la puerta al abuso” al debilitar reglas y controles, y alertó sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Esto no es ahorro, es control”, enfatizó, al señalar que la propuesta busca desmantelar estructuras que garantizan elecciones libres y transparentes.

Finalmente, el Vicecoordinador del GPPAN, el Diputado Diego Garrido destacó que la reforma no atiende problemas fundamentales como la intervención del crimen organizado ni la sobrerrepresentación legislativa.

Criticó que no se hayan incluido medidas como la nulidad de elecciones con intervención del narcotráfico o sanciones a partidos que postulen candidatos vinculados a estos grupos.

Además, denunció que el oficialismo mantiene “privilegios ilegales” mediante la sobrerrepresentación, y calificó la propuesta como “una regresión democrática” impulsada por un “capricho presidencial”.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino reiteró su voto en contra de la minuta y su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del sistema electoral y la garantía de elecciones libres, equitativas y transparentes.

Las y los legisladores coincidieron en que México requiere reformas que enfrenten de fondo los desafíos del país, no iniciativas que debiliten los contrapesos ni pongan en riesgo la democracia.