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Diputados de MORENA, les dan la Espalda a pobladores Caramaguey

23 jul
2 min de lectura

La problemática central radica en la falta de información pública accesible, transparente y técnicamente verificable hacia las y los vecinos de la Tercera Cerrada de Joaquín Romo, en el Barrio de Caramaguey, Alcaldía Tlalpan, ante la intención de instalar el poste S-29 de la nueva Línea 4 del Cablebús en un predio privado.

Esta omisión genera incertidumbre jurídica sobre la viabilidad del proyecto —al tratarse de un inmueble en proceso de sucesión intestamentaria— y vulnera el derecho a la participación ciudadana a decidir sobre el entorno urbano.

Además, se tiene conocimiento de que en esta zona hay formaciones geológicas subterráneas (por eso se le conoce a la zona como las Cuevitas de Caramaguey) que hacen que la comunidad advierta riesgos y daños estructurales en sus viviendas, afectaciones a las redes hidráulicas y de drenaje, así como impactos ambientales y geotécnicos no mitigados por la ausencia de dictámenes públicos.

¿QUÉ SE PROPONE? Se propone exhortar a la Jefa de Gobierno y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a garantizar que las obras se apeguen a los principios de máxima publicidad y participación ciudadana.

En concreto, se solicita transparentar y difundir los dictámenes de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental, así como los estudios de impacto urbano, de riesgo, de mecánica de suelos y programas de mitigación.

Asimismo, pedimos que se realice la evaluación de impacto ambiental correspondiente y que se abstengan de ejecutar cualquier trabajo de instalación del Poste S-29 hasta que se asegure el acceso pleno a la información, la elaboración de los análisis indispensables y el diálogo directo con la comunidad para evaluar alternativas.

¿POR QUÉ SE PROPONE? El Estado debe respetar y hacer valer el derecho constitucional a un medio ambiente sano, a la ciudad, a la habitabilidad y al libre acceso a la información pública, alineándose con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Aunque se reconoce el beneficio del Cablebús en materia de movilidad e inclusión social para zonas periféricas, se argumenta que el desarrollo de infraestructura no debe concretarse a costa de la seguridad patrimonial, la estabilidad ambiental ni la toma unilateral de decisiones sin participación social.

¿QUÉ SE ESPERA OBTENER? Se espera prevenir daños irreparables en la infraestructura habitacional y el entorno ecológico local, dar certeza jurídica e informada a las familias de la zona y construir acuerdos o alternativas técnicas consensuadas que permitan la ampliación del transporte público sin vulnerar los derechos de la ciudadanía.

 

 
 
 

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