Dictamen que fortalece Contraloría Interna de la Cámara de Diputados

EDMUNDO OLIVARES ALCALA………………………

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó la minuta que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, a fin de que sea garante del acceso a la información y de la transparencia.

Dicho documento fue recibido en la Cámara de Senadores, después de su aprobación en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2025.

El dictamen otorga atribuciones a la Contraloría Interna de la colegisladora para ejercer las funciones, competencias y atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados que establecen las leyes en la materia.

Además, se crea una nueva área administrativa en la Contraloría Interna, denominada Dirección General de Situación y Evolución Patrimonial que, en conjunto con las direcciones que ya existen, será la responsable de auxiliar a la contraloría en las nuevas tareas.

En reunión extraordinaria, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón mencionó que la reforma aprobada complementa la armonización de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.

Dicho decreto expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la reforma al artículo 37 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, la senadora del PAN recordó que el 29 de abril en el Pleno del Senado de la República, se aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica del Congreso en el mismo sentido.

Lo anterior para facultar a la Contraloría Interna de esta cámara para ejercer las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales en posesión de sujetos obligados; y se crea la Unidad de Anticorrupción y Transparencia, la cual dependerá de la contraloría y será responsable de dichas tareas.