Deuda y responsabilidad fiscal para 2026: tiempo de replantear reglas

El Paquete Económico 2026 revela un cambio de rumbo en la estrategia fiscal: más deuda para sostener gasto corriente y pago de intereses, con menos recursos para inversión productiva.

La deuda pública alcanzará niveles históricos, comparables a episodios críticos del pasado. El mayor desafío no es sólo el endeudamiento, sino su destino: una parte significativa se usará para cubrir intereses, lo que reducirá el espacio para salud, educación o infraestructura.

Así, el presupuesto se parece a pagar una tarjeta con otra, trasladando los costos al futuro. Además, el Gobierno amplía la definición de “inversión”, incluyendo conceptos difusos como capital humano sin detallar programas ni resultados. Esto abre la puerta a disfrazar gasto corriente como inversión, debilitando la transparencia. Un análisis del Programa de Gasto Público.

La incertidumbre lleva al estancamiento. La Constitución siempre ha funcionado más como referente simbólico que como marco institucional vinculante, asevera Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna titulada “¿Prosperidad?”.

Durante el PRI, la carta magna se reformó con frecuencia, aunque con cierta formalidad; hoy, en cambio, las enmiendas se aprueban como simples trámites. El contraste con EE.UU. es revelador: su Constitución de 1787 nació de un debate profundo sobre cómo limitar al poder —incluso a un presidente fuerte como Trump—.

En México, por el contrario, la erosión de la división de poderes, la fragilidad del Poder Judicial y las reformas exprés han anulado la certidumbre que la Constitución debía proveer.

En este contexto, la insistencia oficial en el “Plan México” tropieza con su sesgo intervencionista, que choca con la lógica empresarial, y un entorno regulatorio y político que desincentiva la inversión. El resultado es un país atrapado en el estancamiento.

¡La salud es lo primero!. Mariana Campos, directora de México Evalúa, apunta en su columna que el acceso a la salud en México sigue ligado al empleo formal y el número de personas excluidas de instituciones formales pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024 (34.2% de la población).

La desaparición del Seguro Popular eliminó certidumbre presupuestaria y cobertura definida; su sustituto, el IMSS-Bienestar amplió la población objetivo, pero con menor gasto per cápita.

El resultado: más gasto de bolsillo (42% del total en salud), ampliación de brechas y mayor mortalidad evitable. Experiencias internacionales (Brasil, Chile y Dinamarca) muestran que la clave es poner al paciente al centro y aprovechar la participación privada bajo regulación estatal. México ya tiene un sector privado activo: el reto es integrarlo, certificar consultorios de farmacias, regular copagos y digitalizar expedientes. La ruta está trazada: usar capacidades existentes y fortalecer el marco regulatorio para garantizar cobertura universal y efectiva.

Mejora regulatoria para impulsar el nearshoring: el caso Querétaro. La aún incompleta Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que prometía simplificar en “cinco minutos”, refleja un problema estructural: la tramitología sigue siendo un obstáculo serio para la inversión.

En México Evalúa analizamos Querétaro como caso de estudio, por su potencial en el nearshoring y sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial y tecnologías de la información. Encontramos 32 regulaciones y hasta 67 trámites relevantes, muchos sin sustento legal formal, que generan altos costos de oportunidad: hasta 4.4 millones de pesos en retrasos administrativos, lo que erosiona la competitividad frente a otros destinos.

Aunque Querétaro es un imán para la inversión extranjera directa, persisten rezagos regulatorios: 27.6% de normatividades presentan áreas de mejora, con trámites redundantes, ambiguos o desalineados entre niveles de gobierno. Modernizar la regulación no es cosmético, es esencial para capitalizar la oportunidad histórica del nearshoring. Un artículo del Programa de Regulación y Competencia.