Destacan anuncio de México para expedir nueva Ley General Aguas

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………………….

El presidente de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica, Armando Ayala Robles, destacó la relevancia de que, en el marco de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya anunciado que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas para expedir la nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Manifestó que la ley vigente no impulsa la soberanía hídrica del país, ya que antes de 1992 había dos mil 500 concesiones y después de la reforma del expresidente Carlos Salinas a la fecha se han otorgado 549 mil concesiones, por lo que “prácticamente el agua se trató como una mercancía y no como un bien de la nación, quedando en manos de pocos la mayor parte de este vital líquido”.

Por lo anterior, dijo que en el proyecto de la presidenta se integra “un programa de ordenamiento de concesiones, así como una ampliación del catálogo de delitos que vamos a estar analizando una vez que recibamos la propuesta de reforma”.

Mencionó que la ley en la materia es reglamentaria del artículo cuarto constitucional, que se ha promovido con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, donde se han recuperado más de cuatro mil millones de metros cúbicos por voluntad de concesionarios que han integrado a la nación.

Por otro lado, anunció que “tenemos preparado un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados”, a fin de que se pueda reconsiderar el presupuesto destinado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El senador Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, se pronunció a favor de ordenar el tema del agua y brindar certeza jurídica a quien la usa legalmente, así como sancionar y prevenir el “huachicoleo del agua”.

Dijo que Chihuahua, en virtud del Tratado de 1944, tiene que pagar a Estados Unidos por agua que no recibe, aunque es un tratado nacional; sin embargo, no hay a cambio un apoyo para los productores cuando se dificulta la siembra regular y tampoco hay inversión en tecnología para nuevas formas de cultivo ni para la gestión del recurso.

Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, destacó la iniciativa que presentó y que complementaría el proyecto de la presidenta de la República donde se tipifica el robo del agua.

A la reunión asistieron representantes del Consejo Consultivo del Agua, encabezados por Raúl Rodríguez Márquez, para abordar las iniciativas que anunció este día la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de devolver el agua como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho.

Al abordar el escenario del país, mencionó que la necesidad del agua se concentra en el sector urbano con 79 por ciento, en el sector rural se ubica en el 21 por ciento, aunque hay comunidades muy grandes donde, por su conformación, es difícil suministrar el líquido.

Señaló que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua, además de que la evolución de la disponibilidad del agua per cápita ha disminuido, ya que en 1910 fue de 31 mil metros cúbicos por habitante y en los años 2030 bajará a tres mil 250 metros cúbicos por habitante.

Lamentó que el sector hídrico no ha sido tratado de forma justa en materia presupuestal; prueba de ello, expresó, es que en este Presupuesto de Egresos que se envía para el ejercicio 2026 refleja un decremento marginal de 1.2, lo que reduce de 37 mil millones a 36 mil millones de pesos y fracción, lo cual es insuficiente cuando los organismos internacionales recomiendan que se debe participar de un punto porcentual del PIB de los países para su infraestructura hídrica.

En nuestro país más o menos se requieren 350 mil millones de pesos, muy alejado de lo que se plantea, “por lo que hacemos votos de que en la Cámara de Diputados se pueda hacer una reconsideración para otorgar mayores recursos”, manifestó.

Entre otros retos, destacó la certeza jurídica que se requiere para el aprovechamiento de este recurso vital, por lo que es importante la actualización del marco jurídico que plantea la presidenta a través de la nueva ley.