Destaca la importancia de avanzar en profesionalizar de quienes participan tareas de prevención de la corrupción

El senador Francisco Daniel Barreda Pavón destacó el trabajo legislativo para fortalecer la figura del oficial de cumplimiento y avanzar en la preparación de quienes participan en las tareas de prevención de la corrupción. Subrayó la necesidad de contar con personal capacitado, estándares profesionales y mecanismos que permitan llevar el cumplimiento de las normas “del papel a la práctica”.

Al inaugurar el foro “Certificación para oficiales de cumplimiento”, el legislador explicó que se trata de los profesionales que son responsables de asegurar que los organismos y empresas cumplan con las leyes, regulaciones y normas éticas.

El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República recordó que el Senado ya aprobó una propuesta relacionada con esta figura, pero está pendiente en la Cámara de Diputados.

En su participación, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Blanca Patricia Talavera Torres, destacó la importancia de fortalecer la prevención de la corrupción mediante la integridad, la profesionalización y la certificación de los oficiales de cumplimiento.

Señaló que la lucha contra este flagelo suele centrarse en las investigaciones y sanciones, cuando también es necesario impulsar acciones preventivas que permitan reducir riesgos antes de que ocurran irregularidades.

La funcionaria subrayó que la certificación y la profesionalización deben contribuir a transformar conductas, prevenir actos de este tipo y recuperar la confianza de trabajadores, empresas, instituciones públicas y ciudadanía.

Por su parte, el auditor superior del estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, advirtió que, a una década de que se expidieran las leyes que permitieron la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, persisten importantes áreas para mejorarlo.

Lamentó que, en este lapso, las sanciones por actos de corrupción en el sector público disminuyeron de manera significativa, sin que ello implique necesariamente una reducción de del problema.

En este sentido, dio a conocer que un estudio reciente de la plataforma Transparencia Mexicana, reveló que, en los últimos 10 años, en 17 entidades del país, sus órganos fiscalizadores no han enviado un sólo expediente a tribunales administrativos.

Otros siete, agregó, sólo han enviado entre uno y cinco casos, “lo que nos permite decir que hay 24 entidades que tienen órganos fiscalizadores que sólo han llevado a tribunales entre cero y cinco casos en 10 años”.

Finalmente, Esaú Sánchez Pedroza, de la Asociación Nacional de Profesionistas en el Combate a la Corrupción, destacó que la corrupción genera pérdida de confianza en las instituciones y que es necesario avanzar de una cultura de reacción hacia un modelo basado en la prevención y la integridad corporativa y gubernamental.

Señaló que la figura del oficial de cumplimiento busca fortalecer las políticas de integridad de las empresas, mediante la aplicación de códigos de ética, manuales de procedimientos y mecanismos para prevenir, controlar y mitigar riesgos legales y administrativos.