Después de más 13 años, con disculpe víctima de tortura, obtiene su libertad

El 31 de marzo de 2026, el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán dictó sentencia absolutoria de primera instancia en favor de Luis Pascual Ángel Luna, quien estaba acusado de diversos delitos federales, y que permaneció bajo proceso penal desde el 28 de julio de 2012, poniendo fin a un proceso penal que se prolongó por más de trece años.

Desde su inicio, el caso estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la detención ilegal y actos de tortura sexual atribuidos a agente de la entonces Policía Federal. Estas violaciones fueron reconocidas en la sentencia, que constituye un paso relevante en el acceso a la justicia y en la visibilización de prácticas contrarias a la dignidad humana.

La resolución es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de

Defensoría Pública (IFDP), cuyas acciones permitieron documentar las violaciones y sostener una defensa integral con enfoque de derechos humanos.

Cabe destacar que, desde el 2 de septiembre de 2025, Luis Pascual Ángel Luna enfrentaba la etapa final de su proceso en libertad, luego de que se lograra el cese de la prisión preventiva y su sustitución por medidas no privativas de la libertad.

Esta determinación se dio en cumplimiento de la resolución del Amparo en Revisión 760/2023, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su fallo, el órgano jurisdiccional concluyó que no existen pruebas válidas para acreditar responsabilidad penal. En apego al principio de exclusión de la prueba ilícita, declaró la invalidez de declaraciones ministeriales al acreditarse que fueron obtenidas mediante violaciones a derechos humanos. La sentencia reafirma que toda prueba obtenida bajo tortura carece de valor jurídico y no puede ser utilizada para sustentar una condena.

El caso también ha trascendido al ámbito internacional. Derivado de la representación legal del IFDP, actualmente se encuentra pendiente de resolución ante el Comité contra la Tortura del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, instancia ante la cual se denunciaron las violaciones sufridas desde el momento de la detención.

Si bien la sentencia absolutoria representa un avance significativo en el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas, persisten pendientes fundamentales entre ellos:

- La reparación integral del daño, que incluye atención médica y psicológica,

- Ayuda, compensación y rehabilitación.

Estas acciones fueron ordenadas por la SCJN y aún no han sido plenamente cumplidas.

La Defensoría Pública Federal reitera su compromiso de garantizar una defensa adecuada, con perspectiva de derechos humanos, especialmente para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Este caso evidencia la importancia de una defensa pública activa que proteja a las personas inocentes, denuncie la tortura y contribuya a asegurar el debido proceso en México.