Despojo de agua será delito grave endurece las penas a quien limite

Impondrá como sanción accesoria la destitución y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza por un período igual al de la pena privativa de libertad impuesta

Con el fin de equiparar con el delito de despojo la acción u omisión que limite o vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua potable, a través de la solicitud de dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza, o el condicionamiento para reparto de agua potable a través de bienes públicos, el diputado Miguel Macedo Escartín presentó una iniciativa para reformar los artículos 237 y 238 del Código Penal local.

La iniciativa precisa que, cuando se acredite que la persona responsable del delito de despojo de agua sea servidora pública, la pena correspondiente se incrementará en una mitad.

Además, se impondrá como sanción accesoria la destitución y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza por un período igual al de la pena privativa de libertad impuesta.

El derecho al acceso y a la disposición de agua potable se vulnera cuando se ejerce despojo sobre un bien, inmueble que lo brinda, con lo que se configurará el delito de despojo de aguas.

“La crisis del agua en la Ciudad de México es un problema estructural que afecta a millones de personas, especialmente en las zonas periféricas y con menor desarrollo urbano. Actualmente, el suministro de agua potable se enfrenta a diversos desafíos, entre ellos, el desabasto y distribución irregular y hasta nulo. “La población depende de pipas de agua, que en muchas ocasiones llegan con retrasos o de manera condicionada”, aseveró el legislador.

Añadió que a ello se suma el uso discrecional del servicio de pipas, pue los operadores privados de estos vehículos controlan el acceso al agua, solicitando pagos indebidos, favores políticos o documentación personal como credenciales de elector para otorgar el servicio, a lo que se suma la corrupción y clientelismo político, pues muchos servidores públicos suelen condicionar la entrega de agua potable a la participación en eventos partidistas o a la afiliación a grupos políticos.

“Este problema no sólo vulnera el derecho humano al agua, sino que profundiza las desigualdades sociales”, apuntó Macedo Escartín.

La falta de acceso al agua potable afecta la salud pública, la higiene, la alimentación y el bienestar de las familias. Además, genera una carga económica adicional, ya que muchas familias deben comprar agua a precios elevados en el mercado informal.

“Por tal motivo, la presente iniciativa busca penalizar cualquier acto de condicionamiento o lucro indebido en la distribución de agua potable, garantizando así su acceso equitativo para todas las personas”, añadió.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictaminación, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Gestión Integral del Agua.