Designación de nueva titular de la SEP no avizora un cambio de rumbo para mejorar en la enseñanza

Con el arribo de Leticia Ramírez Amaya a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sustitución de Delfina Gómez Álvarez no se avizora un cambio de rumbo en la política educativa para mejorar las condiciones de la enseñanza y combatir el rezago y la deserción escolar, sostuvo la senadora panista Lupita Saldaña Cisneros. Al hacer una valoración sobre la nueva titular de la SEP, indicó que lamentablemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, privilegió en el nombramiento la lealtad y la obediencia en lugar de asegurar en esa responsabilidad a alguien con conocimiento y capacidad para atender la emergencia educativa. De acuerdo con su ficha biográfica, añadió, Ramírez Amaya, quien se desempeñaba como directora de Atención Ciudadana del Gobierno de México, es docente de profesión, pero desde hace 22 años no tiene relación con los temas educativos. Esa falta de actualización se pondrá a prueba con su nombramiento, aunque la emergencia que vivimos en esta materia no está para hacer experimentos porque lo que está en juego es el aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes, apuntó. Lupita Saldaña, secretaria de la Comisión de Educación del Senado, advirtió que es previsible que la nueva titular de la SEP venga sólo a continuar con la misma política educativa que este gobierno ha implementado, cuyos resultados están a la vista con más cinco millones de estudiantes fuera del pasado ciclo escolar. A lo anterior se añaden las malas decisiones de la anterior secretaria de Educación, Delfina Gómez, de desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo afectando a 3.6 millones de estudiantes, la mayoría de zonas de alta marginación, y de impulsar cambios al plan de estudios 2022 sin consultarlo con los maestros ni diseñar un programa piloto, manifestó. La senadora panista resaltó que estará muy atenta a la gestión de Leticia Ramírez Amaya al frente de la SEP y que continuará exigiendo que el gobierno cumpla con el derecho de toda la ciudadanía a contar con una enseñanza pública suficiente y de calidad.