Desde hace ocho años que llegaron al poder dijeron que habían separado, o poder político del poder económico,

Si este régimen se separó el poder político del poder económico, ¿por qué en ocho años no han querido impulsar una reforma fiscal progresiva justa que nos permita configurar un presupuesto que sirva para atender las exigencias del campo, de la salud, de la educación, de las universidades públicas, de la seguridad social, entre otros sectores?

¿Cómo explican que el país sigue obteniendo la mayoría de sus ingresos tributarios de las y los trabajadores que tienen menor capacidad adquisitiva y

Movimiento Ciudadano, ésta en contra de este paquete fiscal porque incrementa la deuda pública, porque aumenta la carga financiera del país y compromete las finanzas públicas, no solo de hoy, sino de las próximas generaciones.

Si realmente separaron el poder político del poder económico, ¿por qué la miscelánea fiscal que aquí discutimos mantiene la lógica de los últimos años? ¿Por qué le siguen cargando la mano a quienes menos tienen y no incrementan los impuestos de quienes más ganan?

Si tanto presumen esa separación del poder económico y el poder político, ¿por qué seguimos, siguen, incrementando la deuda pública que habrán de pagar las próximas generaciones? Una deuda que se estima en 21.7 billones de pesos o lo que equivale a 55% del PIB.

Deuda que, por cierto, no se ha visto reflejada en infraestructura productiva, en más y mejores escuelas, en atención hospitalaria de calidad, en medicinas e insumos médicos para quienes las necesitan.

Al contrario, nos endeudamos para sostener proyectos que pierden dinero año con año. Nos endeudamos para sostener a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, empresas que cada vez generan menos ingresos y que no siempre otorgan los mejores servicios para las y los mexicanos.

¿Por qué la autoridad republicana, es una pregunta, por qué la austeridad republicana no ha llegado a las empresas que devoran los recursos de este país?

Si realmente se separaron el poder económico y el poder político, ¿cómo explican que un tercio de los ingresos que pretenden recaudar proviene del Impuesto Sobre la Renta, un impuesto que descansa principalmente y los trabajadores que sostienen este país?

Mientras tanto las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% de las unidades económicas en México, son las grandes olvidadas de este paquete fiscal.

Estas empresas, que se construyen con el esfuerzo diario de miles de mexicanas y mexicanos son el verdadero motor del empleo en nuestro país.

¿Dónde están los incentivos fiscales que necesitan para fortalecerlas? ¿Dónde están las estrategias para combatir el enorme mercado informal?

En este paquete no están. Y tenemos que entender que sin ellas México simple y sencillamente no puede avanzar.

También hay un incremento injustificado en las cuotas de servicio y uso de bienes públicos en la Ley Federal de Derechos. No sólo se trata de que el Estado cobre más sino de justificar por qué es justo y necesario que lo haga y que la gente vea que sus impuestos son utilizados para mejorar sus condiciones de vida.

El paquete fiscal contempla incrementos en derechos entre los que destacan servicios migratorios y consulares, en servicios a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia sanitaria y de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola, así como en el uso, goce y aprovechando del espacio aéreo mexicano.

Sin embargo, los incrementos que más nos preocupan son los relacionados con la salud. Se actualizan 29 cuotas aplicables a los servicios prestados por la Cofepris.

Por ejemplo, la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos para fines de registro sanitario tuvo un incremento de 427%.

La licencia de servicios de transfusión incrementa más de once veces más su costo actual, y el permiso de publicidad en prensa sube un 385 por ciento. Estos costos pagan los hospitales, bancos de sangre, laboratorios y fabricantes de dispositivos médicos.

Pero en el fondo son incrementos que se van a trasladar al precio de los tratamientos y de la atención hospitalaria. En un país como México, en donde 44.5 millones de mexicanas y mexicanos carecen de acceso a los servicios de salud y en donde enfrentamos un desabasto de medicamentos sin precedentes.