Derechos humanos vulnerados en el IPN, alumnos perjudicados por la corrupción.

El colectivo de Justicia Transversal Mexicana (JTM), lamentó que autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) hayan vulnerado el derecho de la comunidad al comprometer los servicios de telefonía digital y conexión a internet.

Su presidente, Mauricio Santiago Eder, dio a conocer que existen ya una serie de denuncias penales y administrativas en contra de personal del IPN debido a la presunta comisión de delitos de corrupción ante licitaciones simuladas y contrataciones amañadas en perjuicio de miles de estudiantes de educación superior.

“Las conexiones de comunicación -tanto de telefonía digital como de conexión de internet- se vieron comprometidas al rechazar, de manera irregular, a las empresas que contrataron para darles mantenimiento.

“Primero las contratan a través de licitaciones públicas, pero los funcionarios politécnicos se han negado a firmar los contratos, acción ilegal, por lo que dejaron a su suerte a miles de personas de la comunidad estudiantil sin el servicio de estas conexiones, consideradas como un derecho humano.

Santiago Eder manifestó que JTM tiene evidencia de actos de posible corrupción, que se evidencia a través de una auditoría interna realizada por la agrupación, donde aparece nombre de funcionarios públicos responsables por estos hechos ilícitos.

“Nombres como David Eduardo Magaña Martínez y Carlos Ruiz Víquez, se replican en los documentos ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a funcionarios como Francisco Javier Hernández Betancourt y Héctor Hugo Cota Chipol, quienes se identifican por favorecer, por décadas, a firmas a modo con servicios de tecnología.

“De manera inexplicable firmas como IB Sistemas, Advance Networks. o sus filiales, Netcare, VG Telecomunicaciones y Asociados, Micro Mantenimientos, ETT, entre otras más, han sido beneficiadas por contratos gubernamentales, sin cubrir los requisitos de Ley”, explicó.

De esta forma, las investigaciones se realizan, además, en administraciones anteriores como las que desarrollaron Mario Alberto Rodríguez Casas, Enrique Fernández Fassnacht y Yoloxóchitl Bustamante Díez, según se aprecia en indagatorias de la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La organización JTM representa a grupos de estudiantes afectados, quienes han sido afectados por falta de mantenimiento e infraestructura tecnológica, como antenas, telefonía, equipos de cómputo e impresión, equipos de videoconferencia, licencias de software, que han sido comprometidos en contra de la labor científica de los alumnos y del IPN.

“Es una mafia ya enquistada al interior del IPN que impide el libre desarrollo académico de alumnos e investigadores en tecnología, que ven mermado su conocimiento, a través de laboratorios, por una mala calidad, o incluso, falta de conexión en los servicios de tecnología”, sostuvo.