Derechos de las y los consumidores y reducir generación residuos electrónicos

Con el objetivo de fortalecer los derechos de las y los consumidores y reducir la generación de residuos electrónicos, obligar a fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de productos electrónicos y electrodomésticos a informar claramente sobre el índice de reparación de sus productos, así como garantizar la disponibilidad de refacciones y actualizaciones.

La Iniciativa pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, con el fin de terminar con la "obsolescencia programada", que consiste en la acción intencional que realizan los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado.

El Diputado del Congreso de la Ciudad de México, Luis Alberto Chávez propuso lo anterior y dijo que las principales medidas de la Iniciativa, se propone que dispositivos como celulares, computadoras, televisores, lavadoras y otros electrodomésticos incorporen una etiqueta con su índice de reparación, de manera que las personas consumidoras puedan conocer qué tan fácil es reparar un producto antes de adquirirlo.

La Iniciativa también contempla establecer obligaciones para asegurar que las refacciones, soporte técnico y actualizaciones de software estén disponibles, con el propósito de prolongar la vida útil de los dispositivos.

Para prevenir y sancionar la obsolescencia tecnológica programada, se propone la creación de un catálogo de infracciones y sanciones administrativas para quienes incurran en prácticas encaminadas a reducir artificialmente la durabilidad, reparabilidad o compatibilidad de los productos.

La iniciativa destaca que el derecho a reparar representa el beneficio de protección al consumidor, al brindar mayor información y herramientas frente a las empresas, también se enfoca en la protección ambiental, al reducir residuos, contaminación y el consumo de recursos naturales destinados a fabricar nuevos productos.

La propuesta señala que la Ciudad de México, como uno de los principales mercados de consumo electrónico del país, enfrenta un crecimiento en la generación de residuos derivado de la alta penetración de teléfonos inteligentes, la renovación frecuente de equipos, el crecimiento del comercio electrónico y la creciente digitalización de servicios.

Ante este escenario, se plantea la necesidad de contar con un marco jurídico que permita a las personas utilizar los bienes adquiridos durante un periodo razonable y evitar que prácticas empresariales reduzcan artificialmente su vida útil.

La iniciativa busca contribuir a una transición hacia un modelo de consumo más responsable, basado en la reutilización, reparación, reciclaje, innovación y eco diseño, en concordancia con los principios de la economía circular.