Derechos de las audiencias, tema en 5to conversatorio sobre Ley en Materia de Telecomunicaciones

Durante la primera mesa del quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, senadoras, senadores, representantes y especialistas del sector abordaron la importancia de garantizar los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como las atribuciones de las defensorías y del Registro Nacional de Usuarios.

El senador Javier Corral Jurado, moderador de los conversatorios y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que durante estos diálogos es fundamental abordar y escuchar las distintas voces sobre la garantía de los derechos de las audiencias, la programación, publicidad y mecanismos de protección, pues representan temas centrales en la legislación.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, aseguró que los diálogos permitirán a las y los senadores recoger de manera abierta, transparente y sustantiva, las preocupaciones propuestas, así como las observaciones que todos los actores involucrados tengan sobre el dictamen que busca expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al hacer uso de la palabra, Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, dijo que actualmente las defensorías sólo existen en los medios públicos, porque no hay mecanismos para exigir a los medios comerciales que sus contenidos respeten los derechos de las audiencias, por lo que se busca garantizar que las defensorías aseguren los derechos del pueblo y de la ciudadanía.

Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que el Registro Nacional de Usuarios no cuenta con contrapesos de carácter judicial, lo que deja expuestas a mayores condiciones de riesgo y de concentración de poder la información de las personas y sus datos personales. “Se busca brindar mejores condiciones en términos de seguridad, pero se pone en una situación vulnerable a los usuarios de telefonía celular”, agregó.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria consideró que es de la mayor importancia revisar la propuesta para diferenciar entre opinión e información, “porque esto podría violentar los derechos de las audiencias”.

Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, expresó que la legislación es perfectible y por ello se han abierto estos espacios de debate, porque es necesario conocer los riesgos de la “enorme discrecionalidad” del dictamen, cuando le da facultad a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de meterse a los derechos de las audiencias y regularlos a través de lineamientos.

En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno expresó que es necesario escuchar las distintas voces e incorporar los planteamientos que ayuden a construir una legislación que no afecte a la población, así como analizar la posibilidad de impulsar en la legislación la incorporación de la asimetría regulatoria.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Hilda Saray Gómez González, subrayó que no basta enunciar en las leyes los derechos de los usuarios, sino que es preciso establecer mecanismos claros para garantizarlos; por ejemplo, consideró que las defensorías deben ser escrupulosas con las quejas que reciban y las recomendaciones que emitan.

El director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advirtió que el diseño institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es “preocupante”, pues se requiere independencia del órgano para garantizar los derechos de las audiencias y para que las concesiones no sean utilizadas como “moneda de cambio política”.

José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, pidió a los senadores que haya una regulación igualitaria para todos los medios, pues con esta iniciativa, señaló, hay un “retroceso”, ya que la sobrerregulación de TV y radio, que es mayor a la del Internet, atenta con la libertad de expresión y la democracia del país.

La presidenta de Comunicación para la Inclusión, Kathia D’ Artigues Beauregard, señaló que el proyecto de ley afectaría a las personas con discapacidad del país, ya que sólo precisa que las transmisiones en TV tengan subtítulos o lenguaje de señas, pero no ambos, y no se establece que los portales de instituciones públicas tengan diseño universal, para facilitar su acceso a personas con necesidades especiales.

Lenin Martell Gámez, defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, propuso definir claramente en la ley los conceptos de servicio público de radiodifusión y de alfabetización digital; en el primer caso, para incluir principios y funciones, y así evitar confusiones y posibles abusos. En el segundo caso, para determinar cómo se llevará a cabo y cómo se articulará la alfabetización con otros derechos de los usuarios.

El académico de la Universidad Anáhuac, José Agustín Pineda Ventura, también insistió en evitar que se diferencie la protección de los derechos de los usuarios, de acuerdo con la plataforma de acceso que usen, pues consideró que los mensajes de radiodifusión no son ajenos a los de Internet, y se debe proteger por igual a las personas receptoras de información.