Derecho a electricidad y subsidios de 50% a grupos vulnerables

Integrantes del Grupo Parlamentario del PT en el Senado presentaron una iniciativa para que el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, subsidie con 50 por ciento el costo del servicio de energía eléctrica a personas con discapacidad, adultos mayores, personas en extrema pobreza y madres solteras.

Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, así como el senador Joel Padilla Peña, insistieron en reformar el artículo 4 de la Constitución Política para incluir el derecho a la energía eléctrica segura, continua y asequible.

Argumentaron que, pese a los esfuerzos por parte del Estado mexicano, más de un millón de personas en 2021 no tenían acceso a la electricidad, y que las entidades más afectadas fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero.

En algunas comunidades del país, señalaron, han tenido que esperar décadas para contar con este servicio, por factores como la falta de infraestructura o la pobreza.

Esta significa que las personas que viven en pobreza extrema no pueden cubrir necesidades como refrigerar alimentos, acceder a medios de comunicación, suministrar agua a su hogar o incluso estudiar por las tardes, por mencionar algunos ejemplos.

Además, las madres solteras que se hacen cargo del hogar no pueden costear este servicio, por la disparidad de salarios entre mujeres y hombres: seis mil 360 pesos mensuales en promedio reciben ellas a diferencia de los nueve mil 762 que se les paga a los varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los más de 20 millones de personas con discapacidad en el país y los 18 millones de adultos que reportó el INEGI en su censo de 2022, también resienten la falta de acceso a la electricidad o por su costo, pues muchos de ellos necesitan del servicio para poner en marcha continuamente aparatos médicos indispensables para afrontar los males que les aquejan.

Esas personas, lamentaron los integrantes del PT, utilizan la electricidad por necesidad, “no por gusto o por lujo”, lo que resulta injusto, porque, además de pertenecer a un grupo vulnerable, la cantidad de dinero gastada en medicamentos vuelve casi impagables las cuotas eléctricas.

Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso y Padilla Peña sostienen en su iniciativa, turnada para análisis a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, que la energía eléctrica debe ser un derecho humano, ya que de ella dependen muchas otras actividades y herramientas.