Denuncia legisladora del PAN ante CIDH de OEA acoso político Morena

 Desde Washington, la Diputada local del PAN, Laura Álvarez, tuvo audiencia con autoridades defensoras de derechos humanos y congresistas para solicitar una investigación en contra de políticos de Morena que han atentado contra su dignidad, su papel de legisladora y han trasgredido su derecho a participar en la vida pública.

“Es muy lamentable que tengamos que venir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar esta solicitud y se investiguen los ataques a mi persona, que claramente constituyen violaciones a derechos amparados por normas internacionales”.

La panista señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla como objetivo primordial los derechos políticos, acceso a la justicia, a un vida libre de violencia, proteger a mujeres en la política, sancionar actos de violencia y garantizar su participación en la vida pública.

“Lo que han venido haciendo dos legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad, es justamente lo contrario, Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo, además de todo el aparato de la 4T, es acotar la participación de la mujer con injurias y acciones que denigran la agenda de derechos que esta Ciudad de México presume tener”.

Laura Álvarez comentó que ante la falta de confianza en las instituciones porque están secuestradas, acude a la OEA, porque los casos de violencia contra las mujeres en el país deben resolverse de inmediato, menciona que se está normalizando que a las mujeres se les agreda, ignore y minimice. La legisladora señaló que eso no lo permitirá ya que es una lucha de todas.

“No es tiempo de mujeres; quizá eso quieren decir en el discurso oficial, pero en los hechos se nos violenta, se nos discrimina y amedrenta”.

La Diputada precisó que acude con sus propios recursos a la sede de la OEA en Washington para visibilizar lo que pasa en México y lo que hace el oficialismo contra las mujeres.

La OEA, a raíz de este y otros casos, tiene la posibilidad de iniciar un proceso de investigación, dictar medidas de reparación del daño y de no repetición, así como obligar al Estado mexicano a generar políticas para proteger eficazmente a las mujeres.