Democracia en Estado de derecho éticamente es el responsable

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BLAS A. BUENDÍA. ………………………………………..

El Estado de Derecho es el reflejo de lo que desean los ciudadanos, ya que el pueblo tiene el derecho y el poder de elegir, a través del voto, quiénes serán sus representantes dentro del gobierno en turno, pero el sufragio responsable es aquel que por motivos éticos se emite en una esfera ampliamente democrática que no debe tener equivocaciones, sino una responsabilidad nacionalista con un desarrollo de altura de miras.

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

El Estado de derecho está compuesto por el Estado, que representa la organización política, y por el derecho, que es el conjunto de normas sobre las cuales se rige el comportamiento de la sociedad.

Por tanto, cada decisión que se tome, desde los distintos órganos o entes públicos del Estado, debe estar regida por la ley y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Es decir, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho, esto a fin de evitar abusos de poder o violación de derechos.

Sin embargo, no todo es color de rosas ya que en México, por ejemplo, se ha enfrentado a múltiples dilemas que han frenado su desarrollo, toda vez que el Jefe del Ejecutivo ha desprotegido a su pueblo sabio en materia de seguridad nacional, ante su evidente acercamiento con altos jefes del narcotráfico, configurándose un régimen de excepción.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ha caracterizado como un Gobierno fallido, que rebaja la seriedad del buen gobierno. La frase silvestre del Ejecutivo, “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, refleja el absolutismo de un hombre que se siente “Dios”, que en la praxis del Derecho, ha sido tachado como un narcisista miserable por seguir destruyendo las instituciones republicanas.

Ciertamente, el Estado de derecho nace como contrapartida del Estado autoritarito con visos de dictadura, al muy estilo del comunismo tercermundista soviético y cubano, en cuyos regímenes opresores existen los abusos de poder, diversos ejemplos lo han evidenciado a lo largo de la historia política de muchos otros gobiernos.

Tampoco existe Estado de derecho cuando el Poder Legislativo actúa desde una posición partidista o, cuando desde el Poder Ejecutivo también se desea actuar desde una perspectiva personal, violando la legislación y generando disconformidad en la ciudadanía.

Por mucho que López Obrador presuma que es “el emperador” de Palacio Nacional, gracias a que existe el Estado de derecho, hoy tiene mayor validez la configuración que dentro de ese endeble Estado de derecho, exista la organización política y la División de Poderes, entre la clase Legislativa, la Judicial y el Ejecutivo, frenando las ambiciones del “Señor de Palacio”, haga y deshaga a su antojo a toda la Nación.

En esta tesitura, la exploración de la historia jurídica de México nos lleva de pronto al descubrimiento de una veta riquísima de conceptos, anécdotas y situaciones que bien valdría la pena hacer del conocimiento de gobernantes y postulantes a gobernar a fin de que ellos lo aplicaran para el bienestar de nuestra soberanía

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, destacó, por ello, habría que orientar jurídicamente a un pueblo agraviado, que nuestras normas jurídicas son exigibles, ya que con ellas se busca el bien común, lo cual implica el engrandecimiento de México.

“Ello sólo se lograría con la cooperación y coordinación de las acciones de todos los mexicanos (gobernantes y gobernados), lo cual exige la fiel observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.

Y sentencia: “Esa ordenanza que de suyo está marcando esencialmente los fines supremos del derecho y que busca que se dé cumplimiento a las reglas de las leyes secundarias, que aclaran y fortalecen los puntos esenciales de la Carta de Carranza, depurando y fortaleciendo la vigencia de los derechos fundamentales y racionalizando dentro de lo posible, el funcionamiento de las potenciales confusiones de algún gobernante que pretendiera no cumplirlas, debilitando con ello nuestro Estado de Derecho”.

Resaltó que el desprecio que la Cuarta Transformación de la Nación muestra por la Carta Magna y sus Leyes Secundarias llega a los extremos y, la caprichosa voluntad, ocurrencias y desvaríos del Poder Ejecutivo Federal sólo son comparables con la altanería y arrogancia que mostró el neoliberalismo para cubrir, proteger y coadyuvar con el fenómeno del narcotráfico, dando origen a que con ello se creara el concepto, aún vigente, de la narco-política.

En este punto, mencionó, al final del párrafo que antecede, es cuando la justicia y la voluntad del pueblo pensante topa con el poder político y es en ese punto cuando quien esto escribe, inicia la denuncia para obtener y demostrar la vigencia de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del “derecho a la justicia”. Ahí también es cuando los órganos de procuración de justicia han tenido pavor para investigar el gran problema que sólo atañe al Poder Político resolver.

En síntesis, al Colegio Nacional de Abogados Foro de México le da la impresión de que sólo cuando la narco-política y el Poder Ejecutivo no están de por medio es posible aplicar con toda objetividad las exigencias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus Leyes Secundarias. “¡Es cuanto”!, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que preside el penalista Alberto Woolrich Ortiz.