Demandan mayor presupuesto para atender a personas con discapacidad

Con el propósito de evitar obstáculos y barreras que impidan un cabal ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, los senadores Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños y Mario Zamora Gastélum, del PRI, solicitaron a autoridades de los tres niveles de gobierno establecer planes, programas y políticas públicas que garanticen la accesibilidad para este sector.

Los legisladores dieron a conocer que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 15 de marzo de 2020 más de cinco millones de habitantes padecen alguna discapacidad.

En la mayoría de los casos, agregaron, se trata de personas que tienen que enfrentar diversos obstáculos, entre ellos, la falta de oportunidades para trabajar, de educación, de falta de acceso a los servicios de salud, la accesibilidad en el transporte público, entre otras dificultades.

A través de un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del 28 de junio, recordaron que a pesar de que nuestro marco jurídico reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de políticas públicas necesarias para su cabal ejercicio, continúan las situaciones en las que quienes integran ese sector de la población ven menoscabada su capacidad en el ejercicio de sus derechos.

Ante esta situación, los senadores del PRI solicitaron a los titulares de los gobiernos estatales y municipales que en las instalaciones de dependencias de gobierno, en centros educativos, en obras de infraestructura pública, de transporte y servicios turísticos garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad, con el propósito de evitar obstáculos y barreras que impidan un cabal ejercicio de sus derechos humanos.

También pidieron al Gobierno federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la programación y elaboración del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024, se consideren mayores recursos para el establecimiento y ejecución de planes, programas y políticas públicas que garanticen la promoción, defensa y cabal ejercicio de los derechos humanos de este sector.