Demandan hasta nueve años de prisión para funcionarios que filtren información de víctimas

La divulgación de información e imágenes de víctimas de algún delito, por parte de un servidor público, constituye una lesión a la dignidad de las personas afectadas, por tal motivo, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal Federal este tipo de conductas.

Rosales San Román busca evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de las víctimas, principalmente de niñas, mujeres o adolescentes, así como proteger a los familiares o a quienes tienen una relación inmediata con la víctima. La reforma sugiere sancionar a todo servidor público que difunda, transmita, revele, publique, exponga, distribuya, videograbe, comercialice, intercambie o comparta, por cualquier medio, imágenes, audios, videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados con un hecho delictivo.

Así, para quienes lleven a cabo este tipo de acciones, la legisladora del PAN propone una pena de tres a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

Cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de niñas, mujeres o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las sanciones planteadas se incrementarían en una mitad.

El proyecto, explicó, está enfocado principalmente a sancionar a los servidores públicos, ya que ellos son las personas que mayormente tienen acceso a los elementos que integran una carpeta de investigación o arriban al lugar de los hechos.

Además, dijo, son quienes deberían velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito.

Nuestro país, advirtió la legisladora, pasa por una grave crisis en materia de violencia de género, donde los feminicidios aumentaron 137 por ciento en los últimos cinco años, por lo que la iniciativa está encaminada, principalmente, a defender la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia.

Es fundamental erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, y sancionar a los servidores públicos que no cumplen con su deber de resguardar cierto tipo de información, puntualizó.