Demanda Napoleón Gómez Urrutia asegurar derechos de trabajadores de la Administración Pública

El senador Napoleón Gómez Urrutia presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que remita al Senado el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un punto de acuerdo que publicó en la Gaceta Parlamentaria del 27 de febrero, el legislador de Morena consideró indispensable garantizar los derechos de las y los trabajadores de este sector.

Dijo que este instrumento tiene como objetivo principal la protección del derecho que el personal de la Administración Pública tiene para organizarse, y establece procedimientos para determinar las condiciones de empleo, la solución de conflictos y sus derechos.

Además, el convenio dispone que las y los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical.

Y que las organizaciones gocen de total independencia respecto de las autoridades, así como protección frente a actos de injerencia en su constitución, funcionamiento o administración.

Se entiende por actos de injerencia, explicó el legislador, aquéllos destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad o sostenidas económicamente o en otra forma por ésta, con la intención de controlarlas.

Además, señala el texto, se deben conceder facilidades apropiadas a sus representantes para el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.

También plantea adoptar las medidas necesarias para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos; de forma que puedan fijarse, con su participación, las condiciones de empleo.

“Las y los empleados públicos deben gozar de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical”, puntualiza el convenio.

Gómez Urrutia afirmó que este convenio es el reconocimiento de que las y los empleados del sector público merecen a los años de servicio a la nación y al invaluable compromiso con la Administración Pública, para garantizar un estado de derecho que permita alcanzar el bienestar y la paz social.