Del festejo al silencio: Día del Periodista marcado por la censura en México

MARIO LÓPEZ . ……………………………

Hoy debería ser un día de celebración, pero en México la fecha se percibe bajo una sombra incómoda. El periodismo, lejos de gozar de garantías, enfrenta una censura que ya no se ejerce con tijeras ni clausuras, sino con lineamientos, sentencias y demandas que, aunque vistan de legalidad, funcionan como silencios programados.

En un país donde ejercer la palabra ha sido históricamente un acto de riesgo, este Día Internacional del Periodista nos recuerda que la censura no ha desaparecido: simplemente se ha vuelto rutina.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha inaugurado un repertorio de normas que parecen diseñadas para la modernidad democrática. Una de ellas regula el uso “responsable” de la inteligencia artificial en procesos electorales. El problema no está en la tecnología, sino en la discrecionalidad: al decidir qué es “responsable”, la autoridad también determina qué será borrado o invisibilizado (INE, 2025).

En paralelo, el INE impulsa lineamientos contra la violencia política en razón de género. Su justificación es legítima —proteger a las mujeres en un entorno político históricamente hostil—, pero la aplicación se ha vuelto expansiva. Lo que comenzó como un blindaje contra la misoginia ahora se utiliza para sancionar críticas legítimas a figuras en el poder, difuminando la frontera entre protección y censura (Artículo 19, 2025).

Los estados ofrecen ejemplos inquietantes. En Campeche, el Tribunal Electoral obligó a tres periodistas a disculparse públicamente con la gobernadora Layda Sansores por expresiones consideradas ofensivas. En Veracruz, la emisora comunitaria Radio Teocelo fue forzada a retirar contenidos bajo denuncias de violencia política de género.

En Guerrero, un creador de contenido fue sancionado con multa y disculpa obligatoria contra la alcaldesa de Acapulco. Y en Jalisco, medios locales han documentado trabas sistemáticas para cubrir eventos oficiales.

Se dice en los pasillos judiciales que algunos magistrados interpretan los lineamientos con la consigna tácita de “proteger gobernabilidad”, lo cual en la práctica se traduce en freno a la crítica (La Jornada, 2025; R3D, 2025; El País, 2025).

A esta dinámica se suma el litigio patrimonial. Pío López Obrador mantiene demandas por 200 millones de pesos contra Latinus y Carlos Loret de Mola, derivadas de la publicación de videos donde aparece recibiendo dinero. Más allá de los argumentos legales, el efecto disuasorio es evidente: colocar una cifra descomunal sobre un periodista no es solo pedir reparación, es mandar un aviso a cualquiera que intente investigar lo indebido.

Como escribió Raymundo Riva Palacio en El Financiero, la censura en México ya no es excepcional, se ha convertido en rutina, un hábito de poder que va desde el tribunal electoral hasta las demandas multimillonarias (Riva Palacio, 2025).

Lo interesante aquí es que la censura opera con un disfraz de progreso. En el discurso oficial se habla de equidad de género, gobernanza tecnológica o protección de derechos.

Pero en la práctica, lo que se protege es el margen de maniobra de los poderosos frente a la crítica. Héctor de Mauleón lo ha señalado en El Universal: las autoridades mexicanas han aprendido a maquillar la represión con un lenguaje de legalidad y seguridad.

Lo que antes era censura abierta hoy se traduce en filtros, protocolos y sanciones “legales” que resultan incluso más eficaces que la represión burda (De Mauleón, 2023).

La perspectiva internacional confirma la alarma. Según Reporteros Sin Fronteras, México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, ubicándose en 2025 en el puesto 127 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa (RSF, 2025).

Esto coloca al país en un terreno similar al de naciones con regímenes abiertamente autoritarios, lo que contradice el discurso oficial de normalidad democrática. Además, las prácticas mexicanas encajan en una tendencia regional conocida como lawfare: el uso estratégico del derecho para debilitar a opositores y voces incómodas, visible en Brasil, Argentina y Ecuador. La diferencia es que en México ese lawfare ya no es solo contra adversarios políticos, también contra periodistas y medios.

Desde una óptica psicológica y psiquiátrica, este ambiente genera un clima de ansiedad social. Periodistas y ciudadanos interiorizan que cualquier comentario puede ser reinterpretado como “violencia simbólica” o “riesgo informativo”.

El resultado es una autocensura difusa que no necesita represión directa, porque basta con el temor. Si México fuera un paciente clínico, su diagnóstico sería el de una sociedad en estado de hipervigilancia crónica: alerta constante, mirada en la espalda, miedo a la sanción invisible. Es un síndrome de silencio aprendido que corroe la esfera pública.

El panorama no es solo mexicano. Turquía y Hungría han desarrollado mecanismos similares, donde jueces y órganos electorales se convierten en sensores institucionales. Venezuela y Nicaragua lo hicieron más burdamente, con cierres directos. México aporta una variante sofisticada: la censura que sonríe con toga, habla en nombre de derechos y firma con sello notarial.

Hoy, en el Día Internacional del Periodista, la paradoja se vuelve intolerable. Mientras en los discursos se habla de celebrar la libertad de prensa, en la práctica se imponen multas, demandas y protocolos que cierran espacios de crítica. Del festejo al silencio, el periodismo mexicano vive su día más incómodo, porque no solo enfrenta la violencia del narco o del crimen organizado, sino también la censura legalizada que lo acorrala desde las instituciones.