Deducción de impuestos a quienes inviertan en protección para la seguridad sus hogares o empresas

Ante la ineficacia de las autoridades en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno, los ciudadanos invierten en implementos o mejoras para la protección de su integridad física o patrimonial, por lo que lo mínimo que puede hacer el estado mexicano, es brindarles apoyos fiscales, afirmó la Senadora zacatecana Claudia Anaya.

Debido a lo anterior, la legisladora presentó una iniciativa que se publicó este jueves en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República donde en la exposición de motivos, recordó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) informó que la percepción de la inseguridad en México se encuentra en 65%, lo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), indica que casi dos tercios de la población de 18 años y más, consideró que es inseguro vivir en su ciudad, situación que se exacerba en estados como Guanajuato, Morelia o Zacatecas.

La deducción fiscal está enfocada a la inversión para la adquisición de implementos, aditamentos y en general, mejoras que sean útiles para incrementar la seguridad y la protección de la integridad personal, familiar o empresarial como por ejemplo: la contratación de la seguridad privada, los sistemas de alarmas particulares y vecinales, el blindaje, cámaras de vigilancia, las rejas, el cercado eléctrico, los sensores de movimiento y afines, podrán deducirse hasta el 7% sobre su costo para personas físicas y hasta 10% para negocios familiares pequeños.

Para las empresas que tengan ganancias anuales menores de 3 millones de pesos, podrían deducir el 5% de sus gastos e inversiones en materia de seguridad, mientras que los negocios que tengan ganancias de hasta 10 millones de pesos al año, podrían alcanzar el 3% de este beneficio, en tanto que las grandes empresas que ganan hasta 21 millones de pesos, solo obtendrían la deducción el 1% de dichas inversiones. Cabe mencionar que los empresarios que obtengan ganancias superiores a 21 millones de pesos, no tendrían este beneficio fiscal.

Para las y los jefes de familia, las inversiones que realicen para protegerse, serían de hasta 7% de sus ingresos acumulables que sirvan como base para calcular el ISR y es preciso señalar que para obtenerlo, presentarían el Comprobante Fiscal Digital que especifique que el monto está relacionado con servicios de seguridad.

La iniciativa que adiciona una fracción XI, así como un primer párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 25 y una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.