Decisión SCJN obliga al empresario Ricardo Salinas a saldar deudas con nación

Ante la decisión que tomó este jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de desechar diversos recursos interpuestos por empresas del Grupo Salinas, pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, las y los diputados de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México manifestamos lo siguiente:

•         Respaldamos y celebramos dicha resolución, toda vez que obliga al empresario a pagar los impuestos que adeuda al pueblo de México desde hace varios años, y que han resultado en cifras millonarias.

•         Con esta determinación, el máximo tribunal del país confirma que los más de 33 mil millones de pesos en créditos fiscales deberán ser cubiertos sin mayores dilaciones. Ello robustece el Estado de Derecho y pone fin a los intentos de Salinas Pliego de evadir una responsabilidad que millones de mexicanas y mexicanos cumplen puntualmente.

•         La determinación de la SCJN representa un triunfo del interés público sobre los privilegios indebidos de unos cuantos. En nuestro país ya no hay espacio para excepciones fiscales ni para quienes pretenden utilizar recursos legales para retrasar lo que por justicia corresponde al erario.

•         Reiteramos que el pago de impuestos es una obligación constitucional y moral. Estos recursos pertenecen al pueblo y son indispensables para financiar obras e infraestructura; servicios públicos y programas sociales, entre otros rubros.

•         La resolución de las y los ministros envía un mensaje claro: la ley es para todas y todos sin distinción, y ningún poder económico puede colocarse por encima de la justicia.

•         Refrendamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los derechos colectivos. Acompañamos plenamente esta decisión que fortalece a la nación y protege el patrimonio público.

•         La decisión tomada en las urnas por el pueblo de México, el pasado 1 de junio, demuestra que se avanza en el fortalecimiento de una verdadera procuración y administración de justicia.