Debe endurecer las sanciones para quienes quebranten los sellos que fueron colocados por la autorida

Ante la recurrente violación de las leyes de Ley de Desarrollo Urbano y de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por parte de negocios y construcciones, la diputada Gabriela Salido del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, propone reformas a estos ordenamientos con la intención de generar normas capaces de inhibir estas acciones “Aunque La ley actualmente considera como delito el quebrantamiento de sellos, aseguró Salido Magos, esto ha sido insuficiente para evitar que se siga presentando, a lo que se suma que existen preocupantes espacios de oportunidad en beneficio de los infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos mercantiles, sin importar su tipo de impacto”. Estos espacios, explicó la congresista, a partir de un muy poco coordinado esfuerzo administrativo de las Autoridades encargadas de la vigilancia y la sanción en materia de uso de suelo o funcionamiento de establecimientos mercantiles. Existen muchos casos que dan testimonio de esta situación, entre los que se encuentra la Torre en Insurgentes 2021, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, la cual comenzó a construirse con 10 pisos de altura en un espacio que permite únicamente 3 niveles y que a pesar haber sido declarada ilegal y clausurada la estructura de la obra sigue ahí. Otro ejemplo, el predio ubicado en la calle de Baja California 370, en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, edificio que rebasaba la altura permitida de 24 metros al tener casi 40 metros por lo que la PAOT, SEDUVI y el INVEA clausuraron, sin embargo, los sellos fueron retirados indebidamente en varias ocasiones por parte de los desarrolladores sin ninguna consecuencia legal. “Sin duda, endurecer las sanciones para quienes de forma reiterada se burlan de la autoridad y atentan contra la legalidad al retirar los sellos que les han sido colocados por alguna falta o violación a la ley, es un tema prioritario, es por eso que propongo esta reforma al Código Penal para el entonces Distrito Federal, que en esencia pretende incrementar las multas de manera proporcional a la afectación causada, de tal forma que se conviertan en un verdadero y efectivo instrumento para prevenir y erradicar este tipo de conductas delictivas”, aseguró. Dejando en claro que es el Congreso de la Ciudad de México a quien corresponde ajustar el marco regulatorio a este nuevo reclamo para dar solución y coordinar de mejor manera el trabajo de verificación o inspección que realizan autoridades como las Alcaldías, la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. “El trabajo armonizado otorgará mayor certeza a la población, pero también a los inversionistas que de forma legítima apuesta por el crecimiento inmobiliario o el desarrollo económico en nuestra Ciudad con el beneficio de dotar de fuentes de empleo a nuestra sociedad”, concluyó.