De debe Garantizar en constitución el derecho a la seguridad digital

El diputado del PRI Fausto Zamorano Esparza presentó una Iniciativa de reformas al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México, con el fin de establecer el derecho a la seguridad digital o ciberseguridad, con el fin de que las autoridades locales garanticen un entorno seguro en línea para proteger la privacidad, los datos personales, transacciones electrónicas y la integridad de las comunicaciones.

El documento, que se presentó al pleno del Congreso local, propone que las autoridades implementen políticas y medidas efectivas para prevenir todo tipo de amenazas digitales, y promuevan el uso ético de las herramientas digitales y conciencia sobre la importancia de la seguridad digital.

El legislador explicó que la ciberseguridad es un campo integral dedicado a salvaguardar sistemas, redes y datos contra amenazas cibernéticas; su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en entornos digitales.

Apuntó que la falta de ciberseguridad puede tener impactos significativos en la vida de los ciudadanos en varios niveles, como exponerlos a violaciones de privacidad. La información personal, como datos financieros, correos electrónicos y detalles de identificación, puede ser comprometida, lo que podría resultar en robo de identidad, fraude financiero y otros problemas.

Añadió que, además, los ciudadanos podrían estar más expuestos a ataques financieros, como el phishing y el robo de información de tarjetas de crédito, lo que conllevaría a pérdidas económicas, con repercusiones a corto y largo plazo en la estabilidad financiera de las personas.

Mencionó que la pérdida de datos personales, la interferencia en la vida digital y el temor constante a nuevos ataques, pueden tener consecuencias negativas en el bienestar psicológico de cualquier persona.

Expuso que la falta de ciberseguridad puede conducir a un aumento en el crimen cibernético, afectando la confianza en las transacciones en línea, el comercio electrónico y la adopción de tecnologías emergentes. Esto, a su vez, puede tener efectos negativos en la economía y la confianza pública.

Asentó que la transformación de la seguridad digital en un derecho es un reconocimiento fundamental de la evolución de nuestra sociedad hacia un mundo interconectado. La importancia de este cambio va más allá de la protección de datos y la prevención de amenazas cibernéticas; es una afirmación de los valores fundamentales en la era digital.

Explicó que conferir a las personas el derecho a la seguridad digital es equiparable a otorgarles un escudo para navegar en un ciberespacio cada vez más complejo. En este entorno, la seguridad digital no es simplemente una comodidad, sino una necesidad.

Este derecho, dijo, se erige como un pilar para la libertad en línea, permitiendo a las personas expresarse sin temor a amenazas digitales, al tiempo que salvaguarda su privacidad contra intrusiones indebidas.

La importancia de convertir la seguridad digital en un derecho, reside en la creación de un entorno digital donde las personas pueden ejercer plenamente otros derechos fundamentales sin sacrificar su privacidad o seguridad. Este es un paso crucial para garantizar que la revolución digital se traduzca en un progreso que beneficie a toda la sociedad, sin dejar a nadie vulnerable en el vasto y complejo paisaje digital, subrayó.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.