Cómo se fabrican delitos en la Fiscalía del Estado de México: el caso Javier Ayala Diaz

EDMUNDO OLIVARES ACALA. …………………..

TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, 22 DE ABRIL DE 2026.- El caso del comerciante Javier Ayala Díaz no solo exhibe presuntos abusos de autoridad, sino que revela un posible mecanismo sistemático de fabricación de delitos dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), basado en la manipulación de los tiempos legales y en la reiteración de detenciones bajo distintas imputaciones.

Un análisis detallado de los registros oficiales, documentos judiciales y testimonios de la familia permite reconstruir una secuencia de hechos que no solo resulta irregular, sino que presenta inconsistencias graves en los tiempos que deberían regir cualquier proceso penal conforme a la Constitución.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Javier Ayala Díaz fue detenido el 17 de abril de 2026 a las 00:25 horas en el municipio de Tenancingo por elementos de la Policía Ministerial, siendo puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Homicidio del Valle de Toluca, con sede en Lerma. A partir de ese momento, comenzó a correr el plazo constitucional de 48 horas con el que cuenta el Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Sin embargo, según la defensa y los testimonios de su esposa Vanessa Molina, ese primer plazo no fue agotado conforme a derecho. En lugar de resolver su situación jurídica mediante la judicialización del caso o su liberación, el detenido fue trasladado sin notificación clara a sus familiares o abogados, lo que ya representa una primera ruptura del debido proceso.

La irregularidad se profundiza al analizar el segundo registro oficial de detención. El 18 de abril de 2026 a las 21:50 horas, Javier Ayala Díaz aparece nuevamente registrado como detenido, esta vez en el municipio de Tenango del Valle.

Este segundo registro abre una interrogante fundamental: no existe claridad jurídica sobre si el comerciante fue realmente liberado entre una detención y otra, o si en realidad nunca dejó de estar bajo custodia de las autoridades.

La ausencia de una liberación efectiva, combinada con la aparición de una nueva imputación, sugiere la posibilidad de una práctica irregular consistente en “reiniciar” el reloj constitucional mediante la fabricación o imputación de nuevos delitos. En otras palabras, en lugar de concluir un proceso dentro del plazo legal, se genera una nueva acusación que permite prolongar la detención.

De acuerdo con testimonios directos de la familia, el patrón no termina ahí. Una vez transcurrido el segundo plazo de 48 horas, Javier Ayala Díaz continuaba dentro de instalaciones del Ministerio Público, sin haber sido liberado.

Es en ese contexto donde, según denuncian, se le habría fabricado un tercer delito dentro de las propias instalaciones ministeriales, incluso en áreas comunes como escaleras, con el objetivo de evitar su liberación.

Este señalamiento es particularmente grave, ya que implicaría no solo una violación al debido proceso, sino la utilización de las propias instituciones de justicia para sostener una privación de la libertad fuera del marco legal. De confirmarse, se trataría de una práctica que vulnera derechos fundamentales y que podría constituir un delito en sí misma.

El juicio de amparo promovido por la defensa desde el 17 de abril refuerza esta narrativa. En dicho documento se denuncia una incomunicación absoluta del detenido, así como la negativa reiterada de las autoridades para permitir el acceso a sus abogados.

Esta situación dejó al comerciante en un estado de total indefensión, sin posibilidad de conocer plenamente las acusaciones en su contra ni de preparar una estrategia jurídica adecuada.

La reconstrucción de los hechos, a partir de los documentos disponibles, revela una serie de inconsistencias que no pueden ser ignoradas. Los tiempos entre una detención y otra no cuadran con un procedimiento legal ordinario, no existe evidencia clara de liberaciones intermedias, se documentan traslados sin notificación y se observa un cambio constante en los delitos imputados. Todo ello apunta a una posible simulación de actos jurídicos para justificar una detención continua.

La familia del comerciante ha sido contundente en su denuncia. Afirman que, aun cuando en algún momento se le habría otorgado la libertad, nunca fue realmente liberado, sino que permaneció bajo control de las autoridades, enfrentando nuevas acusaciones de manera sucesiva. En palabras de su hija, “le dieron la libertad, pero no lo soltaron… lo siguen reteniendo y le fabrican delitos”.

Más allá del caso individual, lo que está en juego es la posibilidad de que este tipo de prácticas no sean aisladas, sino parte de un patrón más amplio. El esquema que se dibuja es claro: una detención inicial, seguida de la no conclusión del término legal, la imputación de un nuevo delito antes de liberar al detenido, el reinicio del plazo constitucional y la repetición del ciclo. Este mecanismo permitiría mantener a una persona privada de su libertad de manera indefinida sin necesidad de una resolución judicial de fondo.

Ante la gravedad de los hechos, la familia y la defensa legal han solicitado la intervención de autoridades federales, así como una investigación a fondo sobre la actuación de los elementos ministeriales y agentes del Ministerio Público involucrados. También exigen la revisión de la legalidad de todas las detenciones y la liberación inmediata de Javier Ayala Díaz.

El caso abre una pregunta de fondo sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el Estado de México. Si los tiempos legales pueden ser manipulados mediante nuevas imputaciones y registros de detención que no reflejan la realidad de los hechos, entonces el debido proceso deja de ser una garantía y se convierte en una simulación. En este contexto, la frase que resume el caso resulta tan simple como contundente: si los tiempos no cuadran, la justicia tampoco.