Cumplimiento liquidación pendiente jueces, magistrados trabajadores PJ

LOBO NEGRO. ………………………………..

Es necesario que el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), garantizar y concluir el proceso de liquidación correspondiente a jueces, magistrados y trabajadores que laboraron en el Poder Judicial antes de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.

El diputado federal Miguel Alonso Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual señaló que el Poder Judicial de la Federación ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en México, gracias al profesionalismo y compromiso de quienes han dedicado su vida a la impartición de justicia y la defensa de la Constitución.

Miguel Alonso Reyes advirtió que, a casi dos años de la aprobación de la reforma judicial, cientos de jueces y trabajadores continúan sin recibir las liquidaciones que legalmente les corresponden, situación que calificó como una” grave omisión institucional y una vulneración directa a sus derechos laborales y humanos”.

“El retraso injustificado en el pago de estas prestaciones afecta no solo la estabilidad económica de quienes sirvieron al país durante décadas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y en el compromiso del Estado mexicano con la justicia laboral y la dignidad de sus servidores públicos”, expresó.

El congresista priista recordó que el artículo Décimo Transitorio de la propia reforma judicial de 2024, reconoce el derecho de jueces y magistrados a recibir tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio, además de las prestaciones que correspondan, por lo que urgió a las autoridades competentes a agilizar los procedimientos administrativos y financieros necesarios para cumplir con esta obligación.

Finalmente, Miguel Alonso Reyes subrayó que el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial representa una obligación constitucional y un acto de justicia para quienes dedicaron su vida profesional al fortalecimiento de las instituciones democráticas de México.