Crear la ley que regule la Red de Contralorías Ciudadanas en la CDMX

La Real Academia Española, define “Contraloría”, como al “órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos”; esto de la función administrativa que se lleva a cabo en los diversos órdenes y niveles de gobierno en casi todo el mundo.

Por este motivo se ha creado la necesidad de formar órganos administrativos encargados de auditar y vigilar que los recursos -erario o hacienda estatal- se gasten de manera adecuada, y por dichos motivos existe la red de contralorías de la Ciudad de México.

En la opinión de la Diputada Luisa Gutiérrez “resulta evidente que todos los órganos de gobierno de cualquier orden o nivel, requieren regularse a través de la vigilancia y auditoría de los recursos que éstos tienen a su cargo, y así se administren adecuadamente”.

“A pesar de que dicha red de contralorías ciudadanas ya se encuentra en la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX y tomando en cuenta lo relevante en este tema, así como la urgencia de disminuir la corrupción en los entes gubernamentales, consideramos necesario crear una Ley reglamentaria al artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para plasmar de manera concreta la competencia, atribuciones, y demás características propias de la Red de Contralorías Ciudadanas”.

La legisladora detalló “con la finalidad de erradicar la corrupción existente en muchas entidades públicas, que tienen bajo su administración recursos del erario público, resulta indispensable extender las facultades de la red de contralorías ciudadanas de la Ciudad, dotándolas mayores herramientas, ampliando su margen de actuación, y estableciendo claramente sus facultades, con la finalidad de que la relevancia de los contralores ciudadanos coadyuve, a que la ciudadanía en general participe de manera activa en las actuaciones gubernamentales”.

“Por lo que buscamos que la red de Contralorías Ciudadanas, cuente con su propia ley, la cual permitirá que dicha figura desarrolle más y mejores herramientas legislativas para su actuación, y que éstas no sólo sean enunciativas en la Ley de Participación Ciudadana, sino que, cobren mayor relevancia en el actuar administrativo del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México”.