Creación del Fondo para el Bienestar Desarrollo de Comunidades Mineras

Con el fin de reivindicar la actividad minera y generar beneficio para los municipios y comunidades donde se desarrolla la minería, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso modificar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para crear el Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras. “El Partido del Trabajo siempre velará por ampliar los derechos y retribuir a la clase trabajadora de nuestro país; en este caso, con la creación de un nuevo fondo minero se privilegiará que las regiones que tienen un alto índice de actividad minera se vean recompensados con capital que puedan utilizar para el mejoramiento, restauración o conservación de sus tierras”, detalló la legisladora. Al fundamentar la propuesta, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que en Zacatecas la minería es uno de los pilares económicos de la entidad y ha sido factor en el crecimiento urbano y el desarrollo económico del estado. No obstante, señaló que, desde que se modificó la Ley Federal de Derechos vigente en 2020, los recursos se transfirieron en su mayoría a la Secretaría de Educación Pública, dejando a las comunidades mineras sin los recursos que percibían por este concepto para mejorar su infraestructura y bienestar social. “Lo anterior, impacta de manera negativa a sus habitantes, en diferentes rubros como insuficiencia en el abasto de agua, en el manejo de residuos generados por el municipio, en infraestructura de caminos, en el aprovisionamiento de energía eléctrica, en dotación de espacios deportivos y culturales", explicó Geovanna Bañuelos. Informó que entre el 2015 y 2018 se recaudaron un total de 14 mil 375 millones de pesos por concepto de los derechos especial, extraordinario y adicional sobre minería; mientras en 2019 y 2020, se recaudaron 7 mil 089 millones de pesos, recursos de los que no se tiene información clara sobre su destino final, desde el cambio en la ley a finales de 2019. Por ello, explicó que el objetivo de su iniciativa es establecer en la ley que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la misma, se integren en un Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras. Estos recursos deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, en los municipios con actividad minera incluyendo obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, instalación y mantenimiento de alumbrado público. Así como servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables y la construcción, remodelación, equipamiento y mejora de los espacios públicos urbanos de estas comunidades. “Normalmente destacamos a la industria minera en términos de montos de inversión, volúmenes de producción o aportes económicos a nivel nacional y regional; sin embargo, se deja fuera lo más importante y sustancial: las personas trabajadoras del sector minero”, apuntó Geovanna Bañuelos. Por ello, destacó que la creación de un fondo vinculado a la explotación de los recursos minerales beneficiará a las comunidades mineras de México y se contribuirá a la justa retribución de la riqueza que se genera de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Además, propone que de la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley, se destinará en un 85% al Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras, el 5% a la Secretaría de Economía y el 10% restante al Gobierno Federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. La representante por Zacatecas además propone que los recursos del fondo sean distribuidos de la siguiente manera: 60% a los municipios en los que tuvo lugar la explotación minera; un 30% a la entidad federativa correspondiente, y 10% destinados a la atención de personas afectadas por accidentes, riesgos o desastres vinculados a la actividad minera, con independencia de las responsabilidades que deriven para los titulares de concesiones y asignaciones mineras. La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda. “Esperamos que la creación del Fondo para el Bienestar y Desarrollo Incluyente de Comunidades Mineras apoye a estas poblaciones y sirva como un sincero homenaje a todas esas personas que apuntalan la arquitectura de la economía nacional, gracias a sus esfuerzos y riesgos, muchas veces en lugares alejados donde trabajan por el bienestar de sus familias y de la sociedad mexicana en general”, concluyó.