CONTEXTO

FERNANDO RAMÍREZ DE AGUILAR L. …………………….

Robo criminal a las pensiones de los jubilados y en los fondos de vivienda en las afores. Corrupción brutal en el IPN. Y los embates morenistas contra la libertad de expresión

Independientemente de que el artículo primero Constitucional habla de la protección de los derechos humanos y de que por años en México se ha mantenido el criterio jurisprudencial, en base a la propia Carta Magna, de que ninguna modificación a la legislación primaria y secundaria puede afectar tus derechos adquiridos; es decir, que ningún tipo de reforma puede afectar tus derechos consumados, lo cierto es que en la realidad al gobierno y a los legisladores federales morenistas, estos principios, se los pasaron por el arco del triunfo.

Y ahora somos más de 250 mil jubilados quienes fuimos afectados de que nos “robaron” nuestros fondos de vivienda que conservábamos cada uno de nosotros en nuestras cuentas personales en las afores y que fueron retirados indebidamente y sin nuestro consentimiento por disposición del Infonavit. Y con las reformas recientes al artículo 127 Constitucional, se estima que otros cien mil pensionados de CFE, PEMEX, CENACE, BANOBRAS, BANCOMEX y NAFIN, fueron severamente afectados. Y la pregunta es ¿a dónde fue a dar todo ese dinero obtenido ilegalmente y en perjuicio de los trabajadores pensionados?

Pero la situación no termina allí. Porque diariamente nos enteramos como los gobernantes y los legisladores de Morena lapidan los recursos públicos y son enemigos absolutos de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿De qué sirve que les ganes juicios mercantiles o amparos, si no puedes recuperar los recursos que te robaron? Y es que en los juzgados se están presentando los representantes legales del gobierno para decir que no tienen dinero para reparar el daño causado y los jueces no se atreven a intervenir sus cuentas.

Y el problema es que no se le tiene confianza a esta integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Hugo Aguilar Ortíz y quien está más preocupado en resolver la gravísima antinomia que dejaron la mayoría de los legisladores morenistas con su reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

¿A qué me refiero?. Las antinomias ocurren cuando existen dos disposiciones en una misma ley o dos normas diferentes que simultáneamente plantean consecuencias jurídicas distintas para un mismo hecho, suceso o acontecimiento.

El artículo 94 dice que… “La presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Mientras que el artículo 97 establece que “cada cuatro años, el pleno (de ministros) elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

Integrantes de la academia, de las agrupaciones de abogados y empresarios le han manifestado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que por ningún motivo permita que asuma la presidencia de la Corte, la burra de Lenia Batres Guadarrama ni la protegida de Amlo, María Estela Ríos González, y muchos creen que estaría mejor la plagiaria Yasmín Esquivel Mossa. En fin.

Y mientras la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de la aplanadora legisladora morenista, pretende modificar nuevamente la regulación de los medios de comunicación masiva -–radio, televisión y redes sociales--, si de verdad vamos a hablar del derecho de las audiencias, conviene empezar por preguntar: ¿quién protege a las audiencias del propio gobierno? Y es que, como muchos otros aspectos de la vida, con el tiempo se echará de menos una relación provechosa y profesional con los periodistas, porque a pesar de que se desarrolla la conversación pública, no es lo mismo el análisis crítico de quienes están preparados para ello, que la adulación de arribistas y payasos.

Y bajo ese tenor, dicen los que saben que el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Martín Delgado Carrillo, así como el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval —designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)—, tienen los días contados. El primero por inepto y el segundo por corrupto.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó denuncias penales en la Fiscalía general de la República en contra de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración en el IPN, así como Marco Urbina, ex vocero de la institución, por posibles actos de enriquecimiento ilícito y corrupción, como consta en la carpeta FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/.

Además, la Fiscalía general de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción, en el que ahora involucra directamente a su director general, Arturo Reyes Sandoval. De acuerdo con autoridades federales, la indagatoria se originó tras una denuncia presentada por integrantes de la Fundación Politécnico, quienes acusaron la creación de una asociación civil que habría desviado recursos provenientes de estudiantes.

Se detectó que dicha asociación no aparece en el padrón de donatarias autorizadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a diferencia de la Fundación Politécnico, lo que ha levantado sospechas sobre su legalidad y funcionamiento.

También, el Consejo Nacional de Egresados del IPN, presidido por el licenciado Marcos Ávila Cadena envió una misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum y ésta la canalizó a Raquel Buenrostro, sobre los hechos de corrupción entre los a los funcionarios del IPN y que ya había sido sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para indagar al director y a los ex secretarios General y de Administración, Carlos Ruiz Cárdenas y Javier Tapia Santoyo, (este último, ya investigado además por contratos irregulares en el ISSSTE), además de otros como Rafael Duck, Aarón Fuentes Jr., Igor Jasso Zaranda, Marco Antonio Sosa , secretario de Servicios Escolares.

Por último, está la denuncia penal presentada por la diputada federal Inés Parra Juárez (Morena) ante la Fiscalía general de la República (FGR) por el desvío de más de 273 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, según la legisladora “no puede quedar en el olvido”.

Estos fondos desviados han afectado tanto a la comunidad politécnica como a la nación en su conjunto, dejando un amargo sentir de impunidad en el aire.

Detrás de estos actos de corrupción están nombres y cargos. Fausto Carlos Omar Ruiz Víquez Cuevas, ex coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, es uno de los involucrados en esta trama de irregularidades. Su huida ante una orden de aprehensión por delitos contra la intimidad sexual agravado y acusaciones por corrupción deja en evidencia la urgencia de esclarecer estos asuntos.

¿Será por eso que quieren callar a los medios serios, con supuestos derechos de las audiencias? ¿En dónde está el dinero que se robaron?