Consulta indígena antes de dictaminarla ley general de catastro y registro

Ante la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, presentada el pasado 8 de septiembre por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) solicitó formalmente la realización de un parlamento abierto previo a su dictaminación.

Mediante un oficio dirigido al diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el diputado Rubén Moreira Valdez enfatizó que, por la dimensión de los cambios propuestos y su impacto en la certeza jurídica de la propiedad inmobiliaria en el país, se requiere un análisis amplio, plural y detallado.

La propuesta del Ejecutivo plantea una transformación profunda mediante los Planes Nacionales Catastral y Registral, la interoperabilidad de plataformas y la homologación de trámites. Para los legisladores priistas es una propuesta inconstitucional, ya que olvida que el artículo 115 (inciso a y tercer párrafo de su fracción IV e inciso a de su fracción V) otorga la competencia y facultades en materia catastral a los municipios.

En la propuesta, señalan, se desprende que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones definirá de forma unilateral los estándares, modelos y plataformas de adopción obligatoria para estados y municipios, subordinando la autonomía municipal en la materia a lineamientos técnicos federales y que no provienen del legislativo ni de los congresos locales que son los únicos facultados para emitir disposiciones en materia de contribuciones.

Por ello, el coordinador parlamentario de la bancada priista consideró indispensable realizar un parlamento abierto, para escuchar a especialistas en materia constitucional, registral, catastral, federalismo, propiedad social, protección de datos y tecnologías de la información, así como a las autoridades locales y municipales que serán directamente responsables de su implementación.

Asimismo, advirtió sobre la relevancia de revisar las implicaciones de integrar información de la propiedad social en la Plataforma Nacional Catastral. Motivo por el que solicitó a la comisión dictaminadora informar si se llevó a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; y de no ser así, realizarla conforme a las obligaciones constitucionales y convencionales aplicables.

Moreira Valdez señaló que el Grupo Parlamentario del PRI reitera su disposición para construir una legislación sólida y con rigor técnico, garantizando que se escuche la voz de las entidades federativas, municipios, académicos y sectores involucrados antes de tomar cualquier determinación legislativa.