Congresos, cómplices ejecutivos, mandar al diablo la constitución

Entre las promesas no cumplidas por la Cuarta Transformación de la Nación, está sin duda el respeto a nuestro estado de Derecho, ello no sólo ha conmocionado a los votantes del País, sino incluso a todos los partidos políticos que contendrán en las próximas elecciones del seis de junio.

Es el análisis magistral del abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., quien detalla:

“Violentar, trastocar o pisotear de manera tan indigna y descarada los principios fundamentales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace meditar profundamente al Foro Independiente de la República en el hecho cierto de que al Gobierno de México le importa muy poco el respeto a nuestro estado de Derecho, que resulta ser el regulador y ordenador de la vida en común de los mexicanos”.

Rememora que Daniel Webster, prominente hombre de Estado de los Estados Unidos durante el antebellum estadounidense, o época anterior a la Guerra de Secesión, mediante sus obras, dijo: “Todo Gobierno que no se apoya en las leyes es un Gobierno despótico, llámese como se llame”.

Para darme a entender de forma adecuada –explicó el abogado Woolrich-, tendré que acudir a los recuerdos y enseñanzas de mi época en la preparatoria y para ello hay que mencionar a la recordada Maestra Juana Hernández López, profesora de etimología, quien con su dulzura y energía de carácter me hizo saber que significa el vocablo “Estado”.

Siguiendo esos recuerdos hay que decir que etimológicamente la palabra “ESTADO” o “STATUS” se refiere a “situación”. Ante esa vaguedad como la antepuesta, nuestra profesora “Juanita” decía que nadie quedaría ni satisfecho, ni ilustrado.

La pequeña estatura pero enorme talento de nuestra mentora, nos hizo comprender que debíamos de acudir a la expresión latina “STATUS REPUBLICAE” y esa acepción era y es más significativa, lo cual se debía por sobre todo a las obras de Maquiavelo, quien fue el que la introdujo.

En ese orden de ideas, cuando se intenta como en el presente, tratar de descubrir el mejor significado de “Estado”, los abogados nos encontramos con una realidad variable y por demás polifacética.

Tras señalar que los Congresos se han vuelto cómplices del Ejecutivo, es decir, con beligerantes actitudes López Obrador mandó al diablo ser un dependiente de la norma constitucional por lo que es urgente dignificar el estado de Derecho, precisó que los historiadores, los economistas, los estadistas, los demagogos y los juristas, pretenden definir esas posturas desde muy diversas aristas.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., y los políticos y estadistas democráticos, estimamos fundada y razonablemente que el Estado debe de estar siempre subordinado y supeditado al Derecho, ya que su soberanía debe de estar limitada de manera objetiva por la regla del bien público.

En los affaires de las tribunas mañaneras, de manera lamentable y por desgracia y para adversidad de la justicia, se han violentado a porfía, todas y cada una de las normas jurídicas de nuestra Carta Suprema.

Con base en que moral de intereses contrarios a la ley, se aceptan, sin más ni más, los decires e ingeniosidades que expresa nuestro Primer Magistrado de la República.

Es de lamentarse y la abogacía independiente de México, así se lamenta que nuestros congresos se conviertan en cómplices políticos del Poder Ejecutivo Federal, que sumisos aceptan sus consignas, para aplaudir y aprobar toda serie de propuestas.

Esa abogacía de independencia se pregunta y me cuestiona ¿En dónde queda, el valor jurídico de nuestro sufragio y de las normas de nuestra Constitución Política?

¿Las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran por encima de la democracia y del Estado de Derecho?

¿Hacia dónde se dirige nuestro amado México? ¿Quién resulta ser el responsable jurídico, político y moral de dichas transgresiones al orden legal y al Estado de Derecho?

El derecho, según lo que se nos enseñó en nuestra entrañable facultad, “no es una creación arbitraria del hombre, sino acatamiento toral a exigencias éticas sociales”. Así machacadamente nos lo decían nuestros catedráticos.

Hay a juicio de mis compañeros de la generación 1965 “una lógica jurídica inmanente, que responde no solo al orden jurídico, ni al Estado de Derecho, sino a un orden natural en la vida de México’’.

Ahora en la actualidad, no sólo los abogados de mi generación, sino la abogacía en general, nos parece que en efecto debe de cambiarse al País, en auténticas formas democráticas, pero jamás con violación agresiva a nuestro respetado y herido estado de Derecho.

México quiere limpieza, exige transparencia en el ejercicio de la democracia, jamás arbitrariedad en sus ejecuciones.

Los abogados de mi generación, hermanados con otras generaciones como la de Ricardo García Villalobos y Alfredo de la Rosa, queremos recordarle a Andrés Manuel López Obrador que al haber protestado el muy honroso cargo de Presidente de la República implica subordinación a la norma constitucional. Por ello como bien sostenían nuestros llorados mentores “derecho es por esencia norma de imperio, inexorable e irresistible”.

Desgraciadamente, con base en ciertos lineamientos de la política, ello se está rompiendo, están fracturando a nuestro estado de Derecho, y no de manera sutil, sino abiertamente, descaradamente, neciamente.

Por desgracia desde el neoliberalismo hasta la fecha ya no existe en México, norma que no pueda ser violada impunemente, ni estado de Derecho, ni dignidad en los congresos, ni en muchas sedes de justicia.

México se encuentra, y la Abogacía Independiente de la República lo advierte, con elevada voz de protesta, en un tobogán, por culpa de la narco-política que nos puede llevar a la destrucción.

Si bien queda en el suspenso de conservar a un Congreso apático e indolente y cómplice con el Ejecutivo, que por sus notables negligencias comprometedoras, vienen erosionando grandemente la reputación congresual, “en suma: necesitamos justicia, nada de política. Y por sobre todo que nuestras instituciones recobren esa dignidad de la que hoy carecen”, puntualizó el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortíz.