Congreso investigar irregularidades de Alcaldía Cuauhtémoc por derrumbe San Antonio Abad 124

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo, presentado por el Dip. Paulo García, mediante la cual solicita la intervención inmediata de la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia para investigar las irregularidades de la Alcaldía Cuauhtémoc en el derrumbe que causó la muerte de tres trabajadores el pasado 9 de marzo en San Antonio Abad 124.

Se exhorta a la Contraloría General para que realice una intervención inmediata a la Alcaldía Cuauhtémoc con objeto de revisar y verificar los procesos administrativos relacionados con la evaluación, dictaminación, autorización y supervisión de las acciones vinculadas con la demolición del inmueble. También se establece que, en caso de advertirse irregularidades, se inicien las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de las personas servidoras públicas que hubieren incumplido con sus obligaciones.

Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Paulo García declaró que al día de hoy no hay evidencia pública de que la alcaldesa haya negado el permiso y que la Alcaldía no hizo ningún acto de verificación en el lugar ni ejerció su facultad exclusiva. "Hoy sabemos gracias a trabajadores valientes que la alcaldesa no negó el permiso, sino hasta el 10 de marzo. Un día después de la tragedia", señaló. García enfatizó que por los tres trabajadores fallecidos vienen a pedir responsabilidades administrativas y penales: "No lo vamos a soltar porque se trata de familias que piden justicia". El legislador concluyó con un mensaje directo: "Le decimos a los que se dicen doctores en derecho del PAN que no abaraten sus cédulas profesionales para defender negligencias ajenas. Justicia para los trabajadores".

El punto de acuerdo conduce a la Contraloría General a intervenir de manera inmediata para revisar todos los procesos administrativos relacionados con la demolición. Si se advierten irregularidades, se iniciarán investigaciones que podrían derivar en procedimientos administrativos sancionatorios contra los funcionarios que incumplieron con sus obligaciones legales, con sanciones que podrían incluir desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.