Congreso CDMX realiza foro “Caso García Rodríguez y otros vs México”

Durante el foro “Caso García Rodríguez y otros vs México, un nuevo paradigma jurídico en América Latina”, realizado en instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, se analizó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Daniel Rodríguez García y Reyes Alpízar Ortiz contra México, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, acusados de homicidio.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, afirmó que “el alcance de los derechos humanos tiene que ser para todas y todos los habitantes de nuestro país”, sin embargo, consideró que el desconocimiento de éstos conlleva a que muchos hombres y mujeres sean privados de su libertad, como en este caso.
Por ello, agregó, se deben difundir los derechos de las personas, sus alcances y evitar que se continúen dando este tipo de violaciones, y arropó la propuesta de Jorge Adrián Cruz Flores, abogado que participó en el caso Rodríguez García, quien planteó construir una iniciativa que permita la creación de órganos autónomos que tengan como función la protección y promoción de los derechos humanos desde las alcaldías de la capital.
Daniel Rodríguez García, víctima del caso, aseguró que el inicio de su lucha ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue contra la fabricación de delitos que había realizado la autoridad, para ser acusado injustamente de ser parte de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la entonces regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza.
Explicó que las dificultades, corrupción y obstáculos para realizar su defensa fueron los motivos por lo que el caso duró más de 20 años, 17 de los cuales pasó en prisión. "Un preso sin sentencia es una tortura para su familia", dijo, e indicó que "México es de los únicos países donde se encarcela a sus ciudadanos sin que estos cuenten con una sentencia”.
En su intervención, Simón Alejandro Hernández León, abogado del caso, denunció las deficientes condiciones estructurales de las instituciones jurídicas de la capital; y sugirió sentar las bases para una evolución dinámica en materia de prisión preventiva oficiosa,que permita garantizar la doctrina de los derechos humanos.
El foro contó también con la participación de Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, experta certificada en materia de Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Disciplinario y Derecho Fiscal; Francisco Rosendo Olivares, doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Jaime Antonio Gómez Romero, presidente estatal de la Alianza Iberoamericana para el Desarrollo Democrático Ciudad de México y Arturo Villegas Calderón, secretario general estatal de la Alianza Iberoamericana para el Desarrollo Democrático Ciudad

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