Congreso CDMX exhorta a CJF a erradicar corrupción judicial

En el marco del análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a implementar acciones para evitar los casos de corrupción.

El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), promovente de la proposición, puntualizó que se busca que el CJF integre una comisión interna que dé seguimiento a los procesos emblemáticos o de litigio estratégico que se desarrollen en su ámbito de competencia, a fin de que se observe el respeto a los derechos humanos, la prevalecía del Estado de derecho y el cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos jurisdiccionales.

En la fundamentación de su instrumento legislativo, el congresista aseveró que la corrupción judicial en México es generada y amparada por los actos de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial, es decir, policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.

Al respecto, se refirió al trabajo de fiscalización del CJF, donde se perciben distintas formas de corrupción; e informó que del primero de enero de 2019 al 31 de octubre de 2021, el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias sobre personas funcionarias públicas; auditó 36 áreas administrativas y realizó mil 347 seguimientos de evolución patrimonial, “lo que evidencia la existencia de distintas formas de corrupción”.

Agregó que entre 2019 y 2020 “se concluyeron 63 auditorías, 12 de desempeño, 11 financieras, 13 integrales, 8 operacionales, 8 de obra y 2 de finiquito, derivado de las cuales se emitieron en total mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del CJF”.

También indicó que, tras la implementación del Sistema de Control Interno Institucional entre 2019 y 2020 se concluyeron 63 auditorías que dieron por resultado mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del CJF.

Mientras que en el periodo de 2019 a 2020 se observaron 48 mil 842 declaraciones patrimoniales y de intereses, así como mil 280 estudios de evolución patrimonial, lo que generó 3 mil 626 dictámenes respecto a posibles incumplimientos en la presentación de las declaraciones y 431 informes presentados a la autoridad substanciadora por presunta responsabilidad administrativa.