Congreso CDMX aprobó minuta con reforma constitucional en materia de bienestar

El Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura, en su carácter de Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo y, se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, a la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Martha Avila, destacó que esta reforma constitucional garantizará un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras, “quienes podrán obtener un crédito asequible y suficiente para adquirir, mejorar o construir una vivienda digna”, lo que significa un avance importante en un reclamo fundamental de las y los trabajadores: el derecho humano a una vivienda adecuada.

Al razonar su voto, el diputado Omar Alejandro García Loria (PRI) sostuvo que cada persona trabajadora tiene el derecho esencial a un hogar digno y seguro; por lo que esta reforma al Artículo 123 de la Carta Magna es un compromiso con la justicia social y con la vida de millones de familias mexicanas, porque se “actualiza al Infonavit para hacer frente a los retos y obstáculos de nuestros tiempos, a fin de brindar un sistema que ofrecerá créditos accesibles y adecuados a la realidad de nuestros trabajadores”.

El diputado Royfid Torres González (MC) reconoció que esta reforma abona a generar más y mejores condiciones para afrontar la necesidad de vivienda que aqueja a las y los mexicanos. Además, compartió que con estas reformas la ciudadanía tendrá mayor oportunidad de adquirir una vivienda digna y segura.

La diputada Diana Barragán Sánchez (PT) expuso que la vivienda digna es un derecho, no una mercancía, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de lo cual, existe una crisis de vivienda en el mundo entero, y esta reforma representa un avance para revertir esta situación y lograr una vida digna para la población.

La diputada Paula Alejandra Pérez Córdova (MORENA) aseguró que, con los cambios propuestos con esta reforma, sumados a los aprobados en materia de bienestar, se contribuye a avanzar hacia la consolidación de un sistema de vivienda comprometido con las causas sociales, además de facilitar opciones para ejercer el derecho a una vivienda adecuada, facilitar la recuperación de inmuebles abandonados y brindar mejores opciones de mejoramiento.

El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) afirmó que esta reforma obligará a toda empresa a proporcionar a las personas trabajadoras, a través de sus aportaciones al fondo, un sistema para obtener créditos baratos para adquirir casa o suelo para vivienda.

“Esto no resuelve el déficit de vivienda, porque para atenderlo se necesitan 44 mil 870 nuevas viviendas entre 2024 y el 2030”, dijo, ya que una cuarta de la población carece de una casa dónde vivir, lo que representa un déficit en México de más de 9 millones de viviendas.

El diputado César Emilio Guijosa Hernández (MORENA) afirmó que esta reforma representa la defensa de los derechos de las y los trabajadores del país, acción que resulta fundamental para el desarrollo y el bienestar.

Agregó que la propuesta busca asegurar que las personas trabajadoras cuenten con una vivienda asequible y adecuada, mediante la creación de un sistema de vivienda con visión social.

Esta reforma legal establece la obligación constitucional de toda empresa a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, a través de aportaciones realizadas a un Fondo Nacional de la Vivienda, que establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permita la obtención de créditos baratos y suficientes para adquirir o mejorar las viviendas, o en los casos permitidos por la ley, adquirir suelo y construir una vivienda.

Igualmente, plantea que la ley establecerá los términos y condiciones bajo las cuales, las personas trabajadoras podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social - cuya mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario-, así como el derecho de adquirirlas en propiedad.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social, a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo, y no cuenten con vivienda propia.