Condenan asesinatos de defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Edo. Méx.

Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique Garcia en Estado de México y Gustavo Sanchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas.

Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.