Condena Congreso capitalino represión del Gobierno de Jalisco a manifestantes

El Congreso de la Ciudad de México condenó enérgicamente la represión ejercida por el Gobierno del estado de Jalisco en contra de manifestantes que exigían agua potable.

Además, pidió al mandatario local, Pablo Lemus Navarro, que cese la criminalización ciudadana y transparente la actuación policial. El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Brenda Ruiz Aguilar fue aprobado por el Pleno Legislativo en la Sesión Ordinaria de este jueves.

En dicha propuesta también se solicitó al gobernador declarar emergencia sanitaria en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a la presencia de bacterias fecales y metales pesados en la red hídrica, y que cancele cualquier intento privatizador del servicio de agua potable.

Desde la tribuna, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA recordó que el pasado 11 de octubre miles de personas marcharon hacia Casa Jalisco para reclamar agua potable, lo que consideró una protesta legítima.

Sin embargo, reclamó que la respuesta gubernamental fue el uso de la fuerza, que dejó un saldo de 39 personas detenidas y decenas de lesionados. En ese contexto, mencionó que la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en Jalisco, pues incluyó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos.

La congresista señaló que incluyo el propio Pablo Lemus reconoció que fueron empleados en la manifestación. “No basta con prometer investigaciones después de golpear y detener a quienes exigían sus derechos. La ciudadanía no necesita excusas; exige justicia, agua limpia y respeto a la libertad de manifestación”, afirmó la morenista.

En cuanto a la crisis del agua en Guadalajara, Brenda Ruiz expuso que se han difundido reportes de muestras domiciliarias con posibles contaminantes como metales, nitratos, fluoruros y hasta bacterias, por lo que se requieren análisis oficiales transparentes y resultados verificables.

Tras aseverar que el agua es un derecho humano y no una mercancía, la representante popular rechazó cualquier intento de privatizar ese servicio en la entidad jalisciense.

Por el contrario, añadió, se debe garantizar inversión pública para sanear la red hídrica, sustituir tuberías dañadas y condonar el 100 por ciento de los cobros a las familias afectadas, mientras no se restablezca el suministro de agua apta para consumo humano.

Asimismo, la morenista exhortó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de manifestantes, así como sus traslados a centros penitenciarios de alta seguridad y, en su caso, emitir las recomendaciones para garantizar la protección de derechos, la reparación integral del daño y la no repetición. Como parte del debate, subieron a tribuna para pronunciarse a favor del Punto de Acuerdo los legisladores morenistas Roberto Castillo Cruz, Ángel Tamariz Sánchez, Adriana Espinosa de los Monteros y Juan Estuardo Rubio Gualito.

Todos coincidieron en que el Gobierno de Jalisco debe garantizar la seguridad de la población y evitar actos de represión contra quienes se manifiestan por el acceso al recurso hídrico e informar sobre las medidas para atender dicha crisis.

En ese sentido, solicitaron esclarecer quién ordenó el operativo, identificar a los responsables y garantizar que las personas detenidas no enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a la protesta. Además, se sumaron al llamado de la diputada Brenda Ruiz de que debe garantizarse el derecho al agua y no privatizar el servicio.

Para hablar en contra de la propuesta, los legisladores emecistas Royfid Torres González, Patricia Urriza Arellano y Luisa Fernanda Ledesma Alpízar respaldaron al Mandatario jalisciense, bajo el argumento de que ya admitió que se registraron excesos policiales en la manifestación del domingo; anunció sanciones para los responsables y que ya fueron liberados varios detenidos.

También expresaron que las detenciones deben ser esclarecidas por las instituciones competentes y que las afirmaciones sobre una supuesta crisis hídrica requieren sustento técnico y jurídico.