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Concentración del poder es igual a Corrupción. Morena consuma atraco el patrimonio de los trabajadores

  • Chronos
  • 12 feb
  • 3 Min. de lectura



El gobierno de Morena ha consumado el despojo más grande a los trabajadores de México. En comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, se aprobó la reforma que mañana será votada en el Pleno del Senado.

Con esta aprobación, los ahorros de 30 millones de trabajadores quedarán bajo el control absoluto de una sola persona: el director general del Infonavit, quien manejará 2.4 billones de pesos sin transparencia ni contrapesos.

Desde el seno de ambas comisiones, las senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mely Romero Celis y Claudia Anaya Mota, señalaron de manera categórica y puntual a los legisladores de Morena y sus aliados que “traían un buen discurso para tratar de convencer a los trabajadores de que esta reforma es indispensable para el Infonavit, pero en los detalles, literal, estaba el diablo”.

La senadora Mely Romero Celis advirtió con contundencia que “la concentración del poder significa corrupción, inevitablemente corrupción”. Señaló que esta reforma no busca ampliar el acceso a la vivienda, sino concentrar el poder en una sola persona. “Esa voluntad de la reforma constitucional para nada queda plasmada en esta reforma”.

“No solo están tomando el dinero ahorrado en esas cuentas de Afore, sino lo que van a trabajar toda su vida los trabajadores, a disposición de una filial que no va a rendir cuentas, que no va a ser auditada”, denunció la senadora.

Además, alertó que el artículo 42 de la reforma deja claro que la nueva empresa que manejará los ahorros de los trabajadores no estará sujeta a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a la Ley General de Contabilidad. “Para efectos de auditoría, la Auditoría Superior solo tendrá en cuenta el marco legal especial”. Esto significa que se trata de un fondo que será usado a discreción del Gobierno sin mecanismos de vigilancia.

Romero Celis enfatizó que esta reforma desmantela el equilibrio del tripartismo, arrebatando a trabajadores y patrones su facultad para designar al director del Infonavit. “Se va a romper el equilibrio del tripartismo que ha venido dando solidez al Infonavit por 53 años”.

También alertó que el director designado por el Gobierno tendrá poder absoluto, incluyendo la capacidad de vetar cualquier resolución, incluso si trabajadores y patrones están de acuerdo. “El Gobierno decide quién integra los órganos de gobierno, y el director general preside la Asamblea General, el Consejo de Administración y mantiene derecho de veto sobre decisiones fundamentales”.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya criticó que el Gobierno pretende tomar dinero de carácter privado para construir vivienda, cuando históricamente esto se ha realizado con presupuesto público.

“Está muy bien que el Gobierno construya casas. Así lo hacía también CONAVI y lo hicieron también los institutos de vivienda en los estados con presupuesto público, no con presupuesto privado, dinero que no les corresponde, dinero de las aportaciones de ustedes mismos y de otros tantos”.

También cuestionó el endurecimiento de requisitos para acceder a créditos, favoreciendo la renta impuesta por el Gobierno. “Habrá que rentar a donde ustedes les quieran rentar, que es el modelo viejo, pasado, raquítico, que no va a dar los resultados”.

Anaya señaló que con esta reforma se eliminan las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el Infonavit. “Porque el recurso que está ahí de la subcuenta de vivienda es parte de la afore que está invertida en la bolsa de valores.

Entonces es muy importante que estén bien pendiente del recurso que entra y sale. Ah, pues lo cambian, lo quitan las facultades, se las dan ahora a la Asamblea General, a la Secretaría de Hacienda algunas veces, y en algunas funciones auxiliadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, se están apropiando desde el Gobierno de un instituto que es de carácter más privado que público”.

Ambas legisladoras priistas dejaron claro de manera contundente la postura de su Grupo Parlamentario: rechazan de manera categórica este atraco legislativo y seguirán defendiendo los derechos de los trabajadores.

 

 
 
 

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