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Compras de lujo contradicen política austeridad de gobiernos morenistas

  • Chronos
  • 20 feb
  • 2 Min. de lectura

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionó severamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por la compra de 10 camionetas blindadas con un costo total superior a los 56 millones de pesos.

A través de una proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora exigió una explicación detallada sobre la necesidad de la adquisición, los destinatarios de los vehículos y las medidas para evitar su uso con fines personales.

“Mientras miles de tlaxcaltecas enfrentan dificultades para alimentarse y transportarse en camiones, combis y microbuses, el gobierno estatal destina millones de pesos en camionetas de lujo. Esto es una muestra clara de cómo la austeridad republicana de Morena es solo un discurso”, denunció la senadora.

Ávalos Zempoalteca señaló que el monto erogado en estas unidades equivaldría a la compra de 73 mil canastas básicas, lo que, a su juicio, demuestra una administración poco sensible a las necesidades de la población.

La legisladora también denunció un posible sobreprecio en la adquisición de los vehículos, ya que cada camioneta Chevrolet Suburban High Country costó aproximadamente 6 millones de pesos, cuando su precio comercial oscila entre 3.5 y 4 millones de pesos. Además, criticó que la compra se realizara sin un proceso de licitación pública, lo que podría violar el artículo 134 de la Constitución Mexicana, que obliga al uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Ávalos también cuestionó la justificación de seguridad que podría haber detrás de la compra. “Si los gobiernos morenistas afirman que la delincuencia ha disminuido, ¿por qué es necesario adquirir vehículos blindados para proteger a la gobernadora?”, cuestionó

Finalmente, la senadora reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que dará seguimiento a esta situación y continuará denunciando cualquier acto que atente contra los principios de buen gobierno y administración responsable de los recursos públicos.

 
 
 

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